El 'sindicato' de la Guardia Civil se rompe

La dirección de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que cuenta con el mayor número de agentes afiliados, vive horas muy tensas. Varios miembros de la Junta Directiva se han declarado en rebeldía contra su presidente Joan Miquel Perpinyá e intentan ser destituidos para generar debate y romper la agrupación. Mientras, Perpinyá presiona para que abandonen su puesto, según fuentes solventes de la Guardia Civil. Se trata de los cargos de prensa, gestión asociativa y gabinete jurídico.

Y todo ello bajo la amenaza de las severas sanciones que tramita el director general del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida (que en algún caso contempla la expulsión), por la manifestación de uniforme que tuvo lugar el pasado 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid.

El presidente de la AUGC admitió a este diario la existencia de tensiones, pero niega la posibilidad de escisión de la asociación. Asimismo, achaca esta amenaza “a las minorías” que quieren hacerse oír, algo “que no tiene visos de prosperar”. Por su parte, prefiere “no airear las discusiones internas, todo es absolutamente normal y hay una mayoría que tiene claro qué es lo que hay que hacer”. En cuanto a los expedientes sancionadores de la Dirección General de la Guardia Civil, Perpinyá prefiere que exista un “apagón informativo, es un tema que genera inquietud porque las amenazas son muy serias”.

Sanciones pactadas

Como ya informara este diario el pasado junio, los veinte dirigentes de la AUGC expedientados intentaron pactar las sanciones con el Ministerio del Interior para suavizarlas. A través de personas interpuestas, el sindicato mayoritario de la Benemérita hizo llegar a Mesquida una propuesta de sanción que estaban dispuestos a aceptar sin ningún tipo de protesta. Sin embargo, según fuentes de Interior, las intenciones del Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba es que sean ejemplarizantes.

Antes de intentar este pacto, los planes de la AUGC para hacer frente a las sanciones iban mucho más allá, con el intento de boicotear los actos del PSOE durante la campaña para las pasadas elecciones municipales y autonómicas si el partido gobernante no incluía parte de sus reclamaciones en los proyectos de Ley de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario.

Éstas y otro tipo de iniciativas de Perpinyá, como la intención de presentarse como acusación particular contra sus propios compañeros en el ‘caso Roquetas’, han puesto su liderazgo en entredicho en lo que podría haber sido su momento de gloria con la aprobación de la mencionada Ley de Régimen Disciplinario.