Bermejo se ‘salta’ la autonomía de la Fiscalía al ejercer como su portavoz en la agresión de Cataluña

Si el pasado lunes el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se declaró un “sincero valedor” de la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal, en el día de ayer el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo se ‘saltaba la norma’ ejerciendo de portavoz de la Fiscalía en relación a la ausencia del fiscal de guardia cuando detuvieron y posteriormente dejaron en libertad con cargos al agresor de la joven ecuatoriana de Barcelona.

Bermejo anunció en la mañana de ayer durante un programa televisivo y, posteriormente, en el Senado, que el Ministerio Público había iniciado los trámites oportunos para esclarecer el porqué de la ausencia del fiscal. Horas más tarde, volvió a convocar a la prensa en el Congreso, esta vez para comunicar la respuesta del fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. En todo momento hizo de portavoz de la Fiscalía arguyendo que “el Ministerio de Justicia es el garante” de que todo funcione.

Según la respuesta de Conde-Pumpido, explicada por el ministro, la Fiscalía de Barcelona decidió finalmente ordenar la detención del agresor. Pese a que la jueza dijo en principio que no era necesaria la prisión preventiva como medida cautelar, Bermejo asegura que esta agresión nunca hubiera quedado “impune”, y ha puntualizado que éste es el único “matiz”, ya que a partir de ahora el proceso seguirá de manera regular.

Fernández Bermejo no ha querido evaluar la actitud de la jueza, simplemente ha insistido en que la decisión de la magistrada se basó en que el fiscal de guardia estaba ausente atendiendo un delito de narcotráfico y la víctima no había nombrado abogado “Mi responsabilidad es que haya un fiscal de guardia. Y lo había”, zanjó el ministro.

Un caso de violencia politizado

La brutal patada y humillación que ejerció Sergi Xavier M.M. sobre la citada joven ecuatoriana en un tren de la capital Condal no ha dejado indiferente a nadie. El propio presidente del Gobierno lo calificaba ayer de “acto deleznable”. Un caso de violencia presuntamente racista que ha saltado a la arena política después de que la juez dejara en libertad a un agresor que se jactaba de su actitud y simplemente se justificaba en que “estaba borracho”.

El PP exigió al Gobierno que, por medio del fiscal general del Estado y del ministro de Justicia, explicara en el Congreso por qué ha actuado con “pasividad” ante este “ataque machista y xenófobo”.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, “a petición del presidente Correa”, se ocupará “personalmente” de las gestiones legales del caso de la menor ecuatoriana agredida en un tren en Barcelona porque quieren que sea un “caso ejemplificador”. De momento, el Consulado de Ecuador en Barcelona ha remitido una protesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la primera decisión de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Sant Boi de Llobregat, que lleva el caso de la agresión racista, se haya negado a reunirse con las autoridades consulares del país.