Zaplana envía a un sustituto a la reunión para la renovación del CGPJ

El PP se ha negado a asistir a la reunión con el resto de grupos políticos prevista esta mañana para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)... hasta el último momento. Eduardo Zaplana ha asegurado que no estaba previsto pero que ha enviado al secretario general de los populares en el Congreso Jorge Fernández “por deferencia” y para insistir en su postura de dar por concluidas las negociaciones con el PSOE en materia de Justicia, en general, y, en particular, para la elección de los vocales que compongan el citado Consejo.

Si el encuentro, cuya fecha y hora fue precisamente propuesta por el PP, comenzaba a las 12,10 horas, a las 12,30 horas entraba por la puerta Fernández sorprendiendo a propios y extraños. Zaplana explica esta situación porque “ha sido una decisión personal mía” e insiste en que el papel desempeñado por el secretario general popular consistió en explicar la decisión de su partido de romper las negociaciones “por si alguien no lo había entendido”.

De esta forma, el dirigente del PP ha evitado las posibles críticas por un desplante al resto de grupos políticos y, a su vez, sigue sin haber asistido en persona a una reunión a todas luces inútil, ya que sin el apoyo de los populares es imposible alcanzar los tres cuartos necesarios del Parlamento para aprobar el nombramiento de los 20 vocales que componen el CGPJ.

Al término de la citada reunión, el portavoz socialista Diego López Garrido calificó la actitud del principal partido de la oposición como “estrategia para interferir” en las diversas instituciones judiciales. Por su parte, el presidente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares considera que el boicot que mantiene el PP a la renovación del Consejo “supone un claro fraude de ley premeditado y un chantaje intolerable más que sumar a la larga lista a la que nos tiene acostumbrados la derecha de este país en la presente legislatura”.

El resultado de la falta de consenso es un CGPJ que lleva en funciones cerca de 12 meses, desde el 7 de noviembre de 2006, y, por otra parte, el descontento y decepción general entre todas las asociaciones de la judicatura, ya sean calificadas de progresistas o de conservadoras, por la imagen de descrédito y politización de la Justicia ante toda la ciudadanía.