Un año sin renovar el CGPJ y los jueces sin cobrar sus pagas por productividad

En vísperas de cumplirse un año del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, a la magistratura no sólo le preocupa la renovación de su órgano de gobierno. También existe un bloqueo de actividades que les afecta directamente, como en el caso de nombramientos de magistrados para cubrir plazas libres desde hace meses, la falta de proyectos y, como no podría ser de otra forma, la ausencia del reglamento que regula las ‘pagas por productividad’.

En los últimos doce meses, la renovación del Consejo presidido por Francisco José Hernando ha sido imposible por el desacuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, encargados de decidir doce de los 20 vocales que componen el CGPJ. El miércoles 24 de octubre, dicho desacuerdo se ratificó con la ruptura de negociaciones por parte de los populares. Sin embargo, esta circunstancia no debería afectar a las actividades del ese órgano. Según defendió su portavoz, el magistrado Enrique López, a este diario: “Nosotros seguimos a disposición del Parlamento y seguiremos trabajando con total normalidad” porque la actual composición del Consejo “es absolutamente legal y legítima”.

Pero esa pretendida normalidad no ha sido tal. Desde hace meses, están pendientes nombramientos de jueces en la sala quinta y segunda del Tribunal Supremo, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de otras audiencias provinciales. Por otra parte, existe una cuestión propia de la carrera judicial y en la que hacen hincapié las distintas asociaciones profesionales, bien sean calificadas de conservadoras o progresistas, como es la reglamentación de las retribuciones variables: las pagas por productividad.

Los togados continúan sin recibir sus aportaciones por productividad, una fórmula que ‘premia’ a los jueces que superen el 20% de la carga de trabajo consignada por el CGPJ y que se aplica desde 2003. Esta práctica fue interrumpida por una resolución del Tribunal Supremo de 2006 que anuló el reglamento. Desde entonces, el Consejo no ha elaborado una nueva propuesta al respecto.

Bloqueo inducido

Este ‘bloqueo de actividades’ tiene distintas interpretaciones. Según fuentes de la Judicatura, no se debe a la falta de renovación del Consejo, sino que es inducido por consignas de determinadas instancias políticas. Es decir, algunos vocales pertenecientes al sector minoritario del Consejo, los progresistas, se han empeñado en paralizar actividades para dar una imagen de inoperancia.

Un extremo que nada tiene que ver con lo defendido por la asociación Jueces por la Democracia. Su portavoz José Jaime Tapia, afirma que la falta de renovación del Consejo es una clara “irresponsabilidad” por parte de la clase política “que no considera a la carrera judicial como algo necesario” y, en este ambiente, “algunos vocales ya ni aparecen por allí” como muestra de la desidia e inactividad de este órgano. Jueces por la Democracia continúa defendiendo la necesidad de forzar la renovación mediante la dimisión en bloque del actual Consejo: “Ante estas situaciones excepcionales, hay que tomar decisiones excepcionales. Es una cuestión de dignidad personal”.