El Congreso aprueba un pelotazo para los partidos a cuenta de los bienes incautados

Los partidos políticos cuyo patrimonio fuera incautado durante la Guerra Civil podrán aumentar sus recursos de financiación gracias a la flexibilización de la ley de restitución aprobada en 1998. Así lo acordaron ayer los grupos parlamentarios, excepto el PP, que incluso estudiará la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra lo pactado.

El Gobierno ofreció en secreto la reforma de esta ley a IU, PNV y CiU a cambio de su voto a favor de la ley de la Memoria Histórica, acuerdo que reveló El Confidencial el pasado 15 de octubre. Según este pacto, materializado ayer, los nacionalistas vascos se quedan con la sede en París del Gobierno vasco en el exilio, cuya titularidad nunca han podido demostrar, mientras que IU y CiU logran una mayor capacidad de financiación a cuenta de los bienes incautados durante la guerra.

El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo denunció ayer que esta proposición de ley supone “la concesión arbitraria de una financiación extraordinaria a casi todos los partidos que en esta legislatura han formado la mayoría parlamentaria”. De fondo, cree que el Gobierno será en último término el que fije “de forma arbitraria el importe de las compensaciones a los partidos beneficiarios”.

Del Burgo se dirigió a los diputados y senadores del PNV que el pasado fin de semana “montaron un ochote en París para cantar el Gora ta Gora” en el edificio y entregaron al director del Instituto Cervantes un escrito exigiendo la devolución del palacete a su partido: les invitó a que entren en la página web del Gobierno vasco donde informa que esa propiedad “nunca ha sido devuelta a la administración vasca" y que fue "adquirida por el Gobierno vasco gracias a las relaciones de varios expatriados”.

Sin embargo, el PP votó a favor a uno de los artículos que, en clara alusión a ANV, rechaza la restitución o la compensación a aquellos partidos "que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente" o contra los que “se hubiese iniciado el procedimiento” para su nulidad.

PNV y ERC votaron en contra de toda la redacción de este precepto, mientras que CiU e IU-ICV se opusieron sólo a aquella parte del articulado relativa a la aplicación de la ley sobre aquellas formaciones con candidaturas anuladas.

A pesar del voto a favor, Del Burgo sostuvo que tanto el Gobierno como el PSOE "han caído en su propia trampa" al percatarse del "escándalo" que hubiera supuesto que ANV incrementase sus fondos en cumplimiento de la nueva ley de restitución.

En respuesta, el ponente socialista Francesc Vallés recordó que el Gobierno de José María Aznar facilitó que en 1998 ANV recibiera en torno a 680.000 euros en compensaciones por bienes incautados durante la contienda española, tras la aprobación de la ley de restitución de estas propiedades.

Vallés reconoció que la proposición incluye nuevos cauces para establecer compensaciones económicas, que en cualquier caso “serán mayores que las derivadas de la ley de 1998”. También se amplía a un año el plazo de presentación de solicitudes de restitución y ensanchan el ámbito de aplicación a las entidades sociales o culturales relacionadas con los partidos políticos.

En definitiva, remarcó Vallés, los cambios pactados, "escrupulosos" con la legalidad, buscan "la reparación definitiva de una injusticia histórica". Del Burgo, sin embargo, consideró que la nueva ley es "éticamente reprobable". La norma pasará directamente al Senado.