La Justicia española, más universal que nunca: investiga la persecución china contra la ‘secta’ Falun Gong

La Justicia española es, sin duda, universal. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió la veda intentando encausar al ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet tras detenerlo en Gran Bretaña en 1998, pero se topó con la complacencia de los lores ingleses. El caso contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo ha llegado a mejor puerto, ya que ha sido condenado a más de 1.084 años de cárcel por crímenes contra la Humanidad. Ahora, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a varios ciudadanos chinos a reclamar justicia en España contra ex dirigentes de la República Popular China por perseguir al grupo religioso Falun Gong. Concretamente, los cargos presentados son por genocidio y torturas y el Alto Tribunal ha ordenado a la Audiencia Nacional que instruya el caso.

Falun Gong es un movimiento espiritual considerado por el Gobierno chino como secta peligrosa, incluso diabólica. De hecho, en la página web de la embajada china de España existe un apartado dedicado en exclusiva a este grupo. Según el texto del Constitucional, hecho público ayer y firmado el pasado 22 de octubre, la Audiencia Nacional deberá investigar los hechos que desestimó el 11 de mayo de 2004 y, posteriormente, el Supremo el 18 de marzo de 2005.

Los demandantes interpusieron una querella contra el ex presidente de China Jiang Zemin y el ex presidente del Comité Central del Partido Comunista Chino Luo Gan por delitos de genocidio y torturas cometidos en China desde el año 1999 por la persecución de personas pertenecientes o simpatizantes del grupo Falun Gong.

Ni demandantes ni demandados son españoles, y tampoco éstos últimos se encuentran en territorio español, pero el Alto Tribunal recuerda que no es excusa para no enjuiciarlos en virtud del principio de justicia universal. Un principio de justicia universal “absoluto”, porque el único límite es que “el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero”.

Otros casos pendientes

Las víctimas de la dictadura argentina también esperan ser resarcidas con el proceso contra el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, para el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 17.000 años de prisión por delitos de lesa humanidad o genocidio y pendiente de celebración de juicio. Cavallo fue extraditado a España en junio de 2003 desde México, país en el que dirigía el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), tras su detención en Cancún el 24 de agosto de 2000 a petición del juez Baltasar Garzón.

Otra barbarie que se investiga en los juzgados españoles es el genocidio de Guatemala en los años 1978 y 1983, conocido como quinquenio negro, durante el conflicto civil. Fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú la que se presentó como querellante contra varios militares y civiles, hoy en busca y captura por orden de la Audiencia Nacional.

Gracias a estos ejemplos, la Justicia española parece estar desempeñando el trabajo de la Corte Penal Internacional, cuya constitución por el Tratado de Roma de 1998 se ha quedado en papel mojado después de que varios países, entre ellos EEUU o China, se hayan negado a ratificarlo.