El Constitucional ‘pasa palabra’: aplaza las recusaciones hasta volver a hablar con las partes

De nuevo, la reunión del Constitucional para tratar el recurso del PP contra la reforma de la Ley que regula al Alto Tribunal no ha servido para casi nada. Con la ausencia de los abstenidos, la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, los diez magistrados restantes tenían entre manos recusar o no a dos magistrados considerados ‘conservadores’ a petición del Gobierno y a tres tildados de ‘progresistas’ a propuesta de los populares. La mayor novedad es que estos cinco magistrados participaron en su posible recusación para evitar el bloqueo del tribunal, dado que si faltaran no se cumpliría con el quórum mínimo de ocho togados para tomar cualquier decisión.

Pero esta fórmula inventada ha servido de poco porque, tras dos días de deliberaciones, el pleno del Tribunal Constitucional tan sólo ha dictado una Providencia en la que “previamente a la decisión que proceda se ha acordado dar vista a las partes de las actuaciones y traslado de varias comunicaciones” en relación a la recusación por parte del Partido Popular. Es decir, que Congreso, Senado, Gobierno y PP (las partes) tendrán acceso a las actuaciones para que puedan alegar lo que estimen oportuno acerca de los motivos por los que se pretende recusar a los tres magistrados progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps.

Casas y Jiménez se abstuvieron porque dicha ley les afecta directamente, ya que prorrogaría automáticamente su mandato. La pelea por la mayoría del Constitucional reside en este punto, porque la presidenta, del bando progresista, tiene el voto de calidad y por tanto su continuidad en el cargo es fundamental para el actual Gobierno a la hora de dirimir los recursos contra el Estatut de Cataluña o la legalización del matrimonio homosexual, entre otras normas recurridas por el PP.

Tras estas abstenciones, la mayoría se volcó hacia el bando conservador ya que pasó a ser presidente el conservador Vicente Conde por veteranía. Acto seguido, el Gobierno recusó a Roberto García-Calvo y a Jorge Rodríguez-Zapata basándose en una carta en la que el pasado mes de junio mostraban su “más profunda discrepancia” con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el PP hizo lo mismo con los otros tres magistrados a raíz de una información publicada en El Mundo que aseguraba que éstos habían opinado a favor de la ley y, concretamente, de la prórroga del mandato de Casas.

Una división de forma y fondo

Es esta motivación, la del PP, la que queda en ciernes y sobre la que podrán alegar las partes implicadas antes de que el mermado Constitucional tome una decisión sobre el aluvión de recusaciones.

La división es patente. Y no sólo por el fondo -los diversos recursos a dirimir que quedan por delante- sino por la forma. Porque la presencia de los ‘recusandos’ en el debate sobre sus propias recusaciones ha sido una invención del presidente por veteranía Vicente Conde quien, en un oficio dirigido el pasado 31 de octubre a sus compañeros, admitía que esta salida es innovadora y que carece de base legal precisa.

La otra solución era aplazar el trámite de las recusaciones hasta la próximo renovación del Constitucional pero implicaría paralizar el recuso popular contra la reforma de la LOTC. La ‘parlamentización’ de los órganos judiciales tiene todas estas consecuencias.