El Constitucional admite a trámite las recusaciones del Gobierno tras forzar una mayoría progresista en el pleno

La guerra por la mayoría del Tribunal Constitucional no deja de sorprender. En la mañana del lunes, un pleno mermado hasta el mínimo -de doce a ocho magistrados- admitió a trámite la recusación de dos miembros del ala conservadora a propuesta de la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, en el marco del recurso de inconstitucionalidad de la reforma de la ley que regula al Alto Tribunal (LOTC). En las deliberaciones no estuvieron presentes los ‘recusandos’ Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, como corresponde según la Ley General del Poder Judicial, tampoco la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, que se abstuvieron del proceso.

Todo sería normal si no fuera por la distinta vara de medir que ha tenido el presidente en funciones Vicente Conde a la hora de dirimir la admisión de estas recusaciones y de las recusaciones planteadas por el Partido Popular contra tres togados progresistas. Ante esta tesitura, con cinco posibles recusaciones sobre la mesa (dos del Gobierno y tres del PP), Conde instó a una “completa innovación procesal ante una situación de necesidad sin precedentes”. ¿Qué supone esto? Que las cinco recusaciones se resolverían con la presencia de todos los miembros del Constitucional (con la excepción de los abstenidos presidenta y vicepresidente), para evitar el bloqueo ya que siendo diez el pleno y cinco los ‘recusandos’, no se llegaría al quórum de ocho que validara decisión alguna del Alto Tribunal.

Así las cosas, el pleno, con diez miembros y mayoría conservadora por el voto de calidad de Conde, dictó un Auto con fecha de 27 de noviembre en el que se rechazaba a limine, esto es, sin tomarlas en consideración, la admisión a trámite de las citadas recusaciones del PP. Una decisión que contó con los votos en contra de García Calvo y Rodríguez Zapata, precisamente los que quiere recusar el Gobierno.

Sin embargo, una semana después, en la mañana de ayer, los mencionados magistrados ‘conservadores’ no estuvieron presentes en el debate de su propia recusación. El pleno lo conformaron ocho miembros del Alto Tribunal cuya mayoría se decantaba hacia los progresistas.

La razón esgrimida es que esta recusación se fundamenta en un documento firmado por García-Calvo y Rodríguez Zapata, del que tuvo conocimiento el pleno del Alto Tribunal, en los que se manifestaban explícitamente contrarios a la reforma de la LOTC. Sin embargo, el Partido Popular basaba su interés en recusar a tres magistrados ‘progresistas’ en una información periodística del diario El Mundo en la que dichos miembros del Tribunal se habrían posicionado a favor de la reforma de dicha ley en una reunión con María Emilia Casas: “Supuestas manifestaciones vertidas en una reunión de magistrados, que se recogen en un medio de comunicación y que han sido radical e indiscutiblemente rechazadas como contrarias a la verdad de los hechos por todos y cada uno de los intervinientes en dicha reunión”, según reza en el Auto de rechazo de las recusaciones populares.

No obstante, la admisión a trámite de las recusaciones del Gobierno no ha estado exenta de críticas internas. Algunas incluso de parte de un magistrado considerado progresista. El magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas emitió su voto particular en el que mostró “su discrepancia con la composición del pleno”. De igual modo se ha manifestado el progresista Eugeni Gay Montalvo quien, pese a estar conforme con la decisión del pleno, recalcó su disgusto con respecto a la ausencia de los ‘recusandos’ porque “entendí y entiendo que debían participar”.

Tirón de orejas al Partido Popular