El Constitucional discute hoy las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados conservadores

La fórmula de nuevo cuño del presidente accidental del Constitucional, el conservador Vicente Conde, para dirimir las recusaciones en esta institución no se aplicará en el caso de las dos solicitadas por el Gobierno, de cara al debate por la constitucionalidad de la reforma de la ley que regula el Alto Tribunal (LOTC). Dicha nueva fórmula consistía en que los ‘recusandos’ estuvieran presentes en el debate de su propia recusación debido a la falta de quorum -esto es, un mínimo de ocho magistrados para que una decisión tenga validez- ya que de los doce miembros del Alto Tribunal dos se han abstenido (la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez) y se había solicitado la recusación de cinco togados (dos a petición del Gobierno, tres a petición de los populares).

Así se aplicó la pasada semana con respecto a la recusación de tres magistrados progresistas a propuesta del Partido Popular, una petición que fue rechazada de plano, sin tomarla en consideración, ya que se basaba en una información periodística desmentida posteriormente. Este rechazo tuvo dos votos en contra, la de los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, precisamente los que hoy se juegan la recusación pero con una diferencia… no estarán presentes en el debate y la mayoría del pleno se inclina hacia los progresistas.

Las razones esgrimidas por el Tribunal Constitucional es que existe una gran diferencia entre las recusaciones planteadas por el PP y las planteadas por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, ya que estas últimas se sustentan en una misiva de la que tuvo conocimiento el pleno del Alto Tribunal en la que García-Calvo y Rodríguez Zapata declaraban “su más profunda discrepancia” con la reforma de la LOTC. Un documento firmado por los ‘recusandos’ versus una información periodística en la que ‘se dice que dijeron’ y que, además, fue desmentida.

Estos últimos acontecimientos han sido recibidos con congratulación por parte del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien entiende que el rechazo del Constitucional de la recusaciones planteadas por el PP supone una respuesta a “una pura manipulación y un puro fraude”. Por su parte, los populares acataron la decisión del Alto Tribunal pero en sus propuestas preelectorales ya avanzaban la intención de trasladar las competencias para resolver los recursos de amparo del Constitucional al Supremo.

Una legislatura en juego

La lucha encarnizada por las mayorías a la hora de dirimir el recurso de inconstitucionalidad de la reforma de la LOTC, planteado por el PP, reside en que si el texto de esta norma, en vigor desde el 26 de mayo, no se modifica, el mandato de la presidenta María Emilia Casas, del ala progresista, se prorroga automáticamente y, por tanto, también su voto de calidad que será fundamental a la hora de decidir sobre los recursos interpuestos contra el Estatut de Cataluña o la ley de matrimonio entre homosexuales, entre otras leyes estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Si el mermado pleno del Constitucional decide hoy recusar a los dos magistrados progresistas, será un soplo de aire fresco para el Gobierno y más si se acelera la tramitación de los recursos contra sus leyes estrella. Sin embargo, fuentes próximas al Alto Tribunal apuntaron a este diario que también se rechazarán las citadas recusaciones para evitar el agravamiento de esta crisis institucional sin precedentes.