El único de los doce detenidos en Totana que permanece en prisión es el alcalde popular José Martínez Angreo

Mientras declaraba ayer, unas 250 personas se concentraron ante el Juzgado para aclamarle. De nada sirvió. El actual alcalde de Totana, el popular José Martínez Angreo, es el único de los doce detenidos en el marco de la Operación Tótem contra la corrupción urbanística a quien la jueza Navarro ha decretado prisión provisional sin fianza, informó el Tribunal Superior de Justicia.

Para los otros dos detenidos que prestaron ayer declaración, la jueza ha establecido, en el caso de la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros, y para el empresario y ex-edil del PP, Juan Francisco Casanova, libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el juzgado.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la jueza estableció para Pablo José Maceira -director de suelo de Inmonuar- libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para el empresario local David Carrión y para Alfonso Canales -jefe de la Policía local- libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, José Antonio Alcántara -empleado de la gestoría de Morales-, Joaquín Carmona -asesor urbanístico-, Gabriel Martínez -el 'recovero'-, Pedro Martínez -empresario hotelero-, la jueza decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, José Antonio Carracera -empleado de Nuaria- libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego Manuel Núñez Arias prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana. El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia, entre ellas las cajas de seguridad de varios clientes de Cajamurcia.

El principal sospechoso, el ex alcalde Juan Morales