Campaña de desprestigio hacia el sector más conservador del Tribunal Constitucional

El Gobierno se juega la legislatura en el Tribunal Constitucional. Una institución que ha sido utilizada por el Partido Popular para intentar ‘tumbar’ las leyes más polémicas del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero que no podía en el Congreso y, entre ellas, el Estatut de Cataluña. La mayoría del Alto Tribunal, entre las sensibilidades progresistas y conservadoras, está muy reñida. Este fino equilibrio ha abierto la veda de las recusaciones de jueces por parte de Gobierno y PP y de la orquestación de una campaña en contra de unos y otros sectores. Uno de los grandes perjudicados ha sido el ‘conservador’ Roberto García-Calvo, considerado el mayor enemigo del Estatut.

En la mañana de ayer, el diario El País aparecía en los quioscos con la noticia de la denuncia del ciudadano madrileño Vicente Garcerán Martínez contra un juez del Constitucional que le había amenazado con una pistola. Los hechos, según el denunciante, transcurrieron en la noche del 13 de julio, en una carretera del término municipal de Boadilla del Monte y después de un incidente de tráfico. Tras una discusión, el magistrado, que resultó ser García-Calvo, sacó una pistola y le espetó: “No sabes con quién te metes, soy juez”.

En el mismo texto se hace constar el desmentido de Roberto García-Calvo, quien reconoce poseer licencia de armas pero nunca llevar pistola encima. Asimismo, el ciudadano denunciante tiene antecedentes policiales por robo y asegura que no sabía a quién estaba denunciando.

Fuentes de la Judicatura totalmente solventes aseguran que “cualquier persona que conozca personalmente a García-Calvo, al margen de opiniones sobre su manera de trabajar, sabe que es sensato y prudente como para presumir que se haya envuelto en un episodio tan chusco y anecdótico”. Asimismo, en el Partido Popular toda esta historia le suena “a película de vaqueros”.

Las citadas fuentes interpretan la difusión de esta noticia como un elemento más en la “presión extraordinaria ejercida sobre el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo. Al final, esta atmósfera de presión sólo sirve para coartar la voluntad de los magistrados con respecto a los distintos recursos que se dirimen en el Alto Tribunal y, concretamente, respecto al Estatut”.

Pese a todo, el procedimiento está abierto y el juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ha enviado al Tribunal Supremo la denuncia del particular, ya que tiene que ser esta instancia la que instruya la causa por ser García-Calvo miembro aforado. Cuando el Alto Tribunal reciba el auto, dará traslado del mismo al fiscal para que se pronuncie sobre su admisión a trámite y sobre la competencia de este órgano, según fuentes del Supremo citadas por la agencia Efe. Si así sucediera, según la Ley del Tribunal Constitucional, el magistrado podría ser suspendido como medida preventiva.

El pasado franquista de García-Calvo

No es la primera vez que García-Calvo se ve retratado en los medios de comunicación de forma negativa. El pasado octubre, el diario Público arremetía contra el juez por su pasado franquista. Algo criticado contundentemente por las asociaciones de la magistratura tanto progresistas como conservadoras.