Una socia fundadora de la clínica abortista Isadora será la número tres por IU en Madrid

Izquierda Unida se muestra dispuesta a sacar el máximo provecho electoral a la polémica sobre la reforma de la Ley del Aborto. Marisa Castro, una de las fundadoras de la clínica abortista Isadora, ha aceptado ser la número tres de la candidatura al Congreso por Madrid de esta formación política. La lista está encabezada por Gaspar Llamazares, coordinador de IU.

Se da la circunstancia de que la Clínica Isadora, situada en Madrid, está inmersa en un proceso de investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por la plataforma 'La Vida Importa' por presuntas irregularidades en la retirada de residuos que contenían restos de fetos, material biosanitario y supuestos instrumentos para la práctica de abortos tardíos.

Histórica del feminismo, Castro fue diputada de IU entre el año 2000 a 2004 pero regresa a la escena política para conseguir que el próximo parlamento modifique la legislación, saque el aborto del Código Penal y apruebe la llamada ley de plazos, por las que las mujeres que desean abortar no tienen que dar explicación alguna dentro de un plazo determinado de gestación del embarazo.

Castro se muestra “indignada” por la "persecución y acoso" que sufren los centros abortistas y porque el PSOE haya renunciado a su promesa electoral, contenida en el programa de 2004 con el que concurrió a las elecciones y centrada en la reforma de legislación actual. Su objetivo es intentar que el voto de la izquierda opte por la candidatura de IU para sacar adelante la modificación de la Ley del Aborto, que data de 1985.

Es muy posible que Castro no sea elegida diputada, ya que IU obtuvo en esta legislatura dos escaños por Madrid, aunque ha llegado a tener tres parlamentarios en el Congreso. Sin embargo, el objetivo de su presencia es centrar la campaña electoral en la supuesta necesidad de reforma la ley.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha enviado mensajes a Castro, a través de terceras personas, expresándole su “profunda preocupación” por el proceso abierto contra la Clínica Isadora. Pero no se ha dirigido a ella directamente. Al mismo tiempo, el Gobierno ha dado instrucciones al ministerio fiscal para que se persone de forma activa en la causa y preserve el derecho a la intimidad de las 28 mujeres que se sometieron a abortos durante los días en los que se depositaron los restos biosanitarios y que han sido llamadas a declarar por el titular del juzgado de instrucción número 47, José Sierra Fernández.

Castro denuncia que la Guardia Civil se presentó incluso en el domicilio de estas mujeres para citarlas a declarar, cuando algunas ni siquiera habían revelado a sus familias que habían abortado. Al mismo tiempo, sostiene que los agentes enseñaron expedientes de otras mujeres a las declarantes, lo que supondría una violación del derecho a la intimidad y de revelación de datos de pacientes. El Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, lleva la investigación porque ha sido declarado policía judicial en este caso.

"Acabaremos en la cárcel"

Toda esta información ha sido transmitida a De la Vega. “Mucho nos tememos que acabaremos en la cárcel”, confiesa Castro en privado. Al parecer, el juez "se limita" a enseñar a las mujeres las fotografías de los empleados de la Clínica Isadora para que identifiquen las personas que las asistieron y en qué momento del proceso de aborto, cuando en los expedientes constan las firmas de los sanitarios que intervinieron en cada caso.