La solución Garzón: aplicará la suspensión cautelar para evitar que ANV y PCTV concurran a las elecciones

Un roto para un descosido. En la mañana de ayer, el juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó a los representantes de las formaciones Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) para los días 4 y 5 de febrero para comunicarles la celebración de una vista: una audiencia previa a la suspensión cautelar de sus actividades por su presunta relación con la trama Batasuna-ETA. Finalmente se ha tedido que optar por la vía penal y no la aplicación de la Ley de Partidos. La suspensión cautelar de actividades es el único camino para evitar que concurran a las elecciones generales ya que su ilegalización es materialmente imposible antes del 9 de marzo.

El juez sorprendió ayer por la celeridad de su actuación. Sobre las 10 de la mañana recibió los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, unos 2.500 folios, con las pruebas de la presunta vinculación de ANV y PCTV con la formación ilegalizada Batasuna. Tan sólo dos horas más tarde, el magistrado levantaba el secreto de sumario para conocimiento de todas las partes y citaba a los afectados.

Y es que el tiempo apremia. La anunciada futura demanda de ilegalización por parte de la Físcalía no llegaba, sigue “en sus preparatorios”, y las elecciones generales se han echado encima. El propio fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido reconocía el lunes que “la ilegalización es un proceso largo porque depende de la Ley de Partidos”. Pumpido esperaba así la entrega por parte de las Fuerzas de Seguridad de las pruebas contra ANV y PCTV a la Audiencia Nacional, a partir de ahí “se solicitará su ilegalización ante el Tribunal Supremo”. Un proceso que se estima como mínimo en tres meses.

Así las cosas, el único camino para evitar un posible escaño por Guipúzcoa en manos de ANV hasta el final de la próxima legislatura es la suspensión cautelar de sus actividades aplicando el artículo 129 del Código Penal. Dicho artículo limita el derecho de libre asociación, es decir, suspende las actividades de una sociedad, empresa o fundación, como máximo durante cinco años, siempre que se solicite audiencia previa con las partes.

Pruebas contra ANV y PCTV

Las pruebas aportadas por Policía y Guardia Civil se basan en la documentación relativa a las finanzas de las dos formaciones investigadas y al desvío hacia la ilegalizada Batasuna o a sus dirigentes, a través de una caja única, de parte de los ingresos que reciben en virtud de su presencia en las instituciones. Responsables de Batasuna como Joseba Permach o Marije Fullaondo, ambos encarcelados, estaban a sueldo del PCTV, según los documentos intervenidos. Por otra parte, la relación de subordinación de ANV a Batasuna se pone de manifiesto en varios de los documentos en algunos de los incautados a Permach.

Otro de los indicios que pesan en contra de ANV son las manifestaciones de la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, que en el acto de presentación de candidaturas de este partido en Pamplona pidió un aplauso para los dos presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola, acusados del atentado contra la T-4 de Barajas y detenidos el pasado día 6. Actos que el Ministerio Público se decidió a denunciar. Además, ANV no ha condenado ninguno de los atentados de ETA.

El problema de la Ley de Partidos