Crónica de una ilegalización anunciada

Que sí, que no, que caiga un chaparrón. La demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) parece que se pone en marcha después de eternas promesas y anuncios que se repetían más que el ajo. Ayer, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo garantizaba que ambas formaciones sospechosas de pertenecer al entramado ETA-Batasuna no estarán presentes en las elecciones generales del 9 de marzo gracias a que el próximo Consejo de Ministros del viernes autorizará a la Abogacía del Estado para que ponga en marcha las acciones pertinentes para su ilegalización. Es decir, demanda ante el Supremo para que la ‘Sala del 61’ dirima en función de la Ley de Partidos... un proceso de tres meses entre demanda, admisión a trámite, sentencia y resolución de recursos en contra.

Pese a todo, Bermejo dijo también que está convencido de que “no tardará demasiado”. ¿Un juicio rápido, con lo que los criticó desde el puesto de jefe de la Fiscalía de Madrid? Las cuentas en el calendario no salen, pero no pasa nada, porque ANV y el PCTV no van a concurrir a las generales pero por la vía penal. Una solución que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aceleró el martes tras analizar 2.500 folios de pruebas contra estas formaciones aportadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado exactamente en dos horas.

Garzón entendió este 22 de enero que había pruebas suficientes para citar a los representantes de ANV y PCTV a una audiencia previa a la suspensión cautelar de sus actividades, tal y como permite el artículo 129 del Código Penal. No lo hizo así cuando se le planteó la misma situación antes de las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. Entonces fueron la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, regentada por Cándido Conde-Pumpido, los que lograron impugnar 133 candidaturas de ANV cuya anulación sentenció posteriormente el Tribunal Supremo. Por entonces, Conde-Pumpido dijo incluso que “es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado”.

A día de hoy, se puede decir que lo que ha colado son 337 concejales, 33 alcaldías en el País Vasco y nueve en Navarra de ANV que permanecerán en las instituciones hasta 2011 porque las actas de concejal son inviolables, dicte lo que dicte el Supremo en este proceso de la anunciada ilegalización. 337 concejales de una formación que tiene una ‘caja única’ con Batasuna, no ha condenado los últimos actos de ETA (es más, la alcaldesa de Hernani Marian Beitialarrongoitia laureó a dos terroristas) y miembros de la mesa nacional batasuna, algunos encarcelados como Joseba Permarch, estaban a sueldo del PCTV.

La ilegalización de una formación política es algo tan serio como que se trata de la limitación de un derecho fundamental: el de asociación. Por ello, la recopilación de todas las pruebas necesarias es estrictamente necesario para no tumbar el Estado de Derecho que se construye en España desde 1978. Pero si esas pruebas se tienen y se utilizan por conveniencia del calendario político es usar y abusar, como siempre, del terrorismo y sus bases en las cada vez más largas precampañas electorales. ¿A qué estamos jugando?