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El Supremo se quiere adelantar a Garzón: la ‘Sala del 61’ dirime hoy si suspende las actividades de ANV y PCTV
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El Supremo se quiere adelantar a Garzón: la ‘Sala del 61’ dirime hoy si suspende las actividades de ANV y PCTV

La Justicia corre... cuando quieren sus protagonistas. Y en este caso los que han apretado el acelerador han sido Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado y

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El Supremo se quiere adelantar a Garzón: la ‘Sala del 61’ dirime hoy si suspende las actividades de ANV y PCTV

La Justicia corre... cuando quieren sus protagonistas. Y en este caso los que han apretado el acelerador han sido Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado y el abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, encargados, entre otras, de presentar las demandas de ilegalización de partidos políticos con indicios de pertenecer a la organización terrorista ETA. Si el pasado martes era el Ministerio Público quien presentaba la demanda contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), el miércoles era Bardají el que se atrevía con esta formación y con Acción Nacionalista Vasca (ANV). Ese mismo día, el Alto Tribunal anunciaba ya la reunión de la llamada ‘Sala del 61’, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos. Antes de que se acabara el tiempo, la Fiscalía entregaba en la mañana de ayer la demanda contra ANV. Visto y no visto.

El Supremo dirimirá hoy si atiende a las peticiones de ambas instancias para suspender cautelarmente las actividades de ambos grupos políticos con el objetivo de evitar que concurran a las elecciones generales del 9 de marzo. Abren así la vía de la Ley de Partidos, obviada hasta que se ha aproximado la fecha de los comicios y justo dos días antes de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara el procedimiento de suspensión por la vía penal. Es más, con el trámite cumplido por parte de la Fiscalía y Abogacía del Estado, son estas instancias las que le piden hoy también a Garzón que decrete la citada suspensión de actividades por su sumisión a Batasuna, tal y como hizo en 2002 con esta formación antes de que el Tribunal Supremo la ilegalizara en 2003.

ANV y PCTV han sido acorralados ya por los dos caminos posibles, el de la Ley de Partidos y el de la vía penal, con muchas prisas y sin visos de que sean ilegalizados por falta de tiempo. Eso sí, no podrán ser votados. No obstante, cabe recordar que pase lo que pase con el partido, 337 concejales de ANV seguirán en las instituciones hasta 2011 cobrando dinero público.

Las demandas de la Fiscalía del Estado, 200 folios contra PCTV y 110 contra ANV, casi se corresponden a un copy and paste cambiando el nombre del partido denunciado, puesto que la mayor parte de la prueba documental fue obtenida en los registros en las sedes del PCTV el pasado octubre. En ambos casos se recuerda que el tiempo en que ambas formaciones no dieron guerra (desde 2005 a 2007 en el caso de PCTV; desde 1930 hasta 2007 en el caso de ANV) pero que “ETA pretendió siempre estar presente también en las Instituciones públicas representativas” y “se han recogido diversas pruebas que demuestran la relación habitual y el apoyo político que el partido demandado ha venido brindando a Batasuna”.

Pruebas políticas y económicas

Entre las de contenido político, destacan acciones “al servicio de las estrategias y fines de la formación política ilegalizada, complementando y dando cobertura, soporte y apoyo a la acción de esta última” como la oposición al proyecto del Tren de Alta Velocidad en el País Vasco, declaraciones en medios por abertzales de responsables de Batasuna que trabajaban para PCTV, traslación del discurso de ETA en preguntas parlamentarias y, por supuesto, entre las más graves, la no condena de la violencia tras los últimos atentados de la banda y tener en nómina a 49 miembros de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna.

La Justicia corre... cuando quieren sus protagonistas. Y en este caso los que han apretado el acelerador han sido Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado y el abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, encargados, entre otras, de presentar las demandas de ilegalización de partidos políticos con indicios de pertenecer a la organización terrorista ETA. Si el pasado martes era el Ministerio Público quien presentaba la demanda contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), el miércoles era Bardají el que se atrevía con esta formación y con Acción Nacionalista Vasca (ANV). Ese mismo día, el Alto Tribunal anunciaba ya la reunión de la llamada ‘Sala del 61’, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos. Antes de que se acabara el tiempo, la Fiscalía entregaba en la mañana de ayer la demanda contra ANV. Visto y no visto.