El Gobierno recurre al aborto para captar votos de la izquierda tras la ofensiva de la Iglesia

El Gobierno encontró, tras meses de titubeos, la forma de actuar sobre la Ley del Aborto. A contrarreloj, con la Legislatura agonizando, y tras la última ofensiva de la Conferencia Episcopal, que pidió el voto en contra del PSOE en las próximas elecciones. La vicepresidenta Fernández de la Vega anunció el viernes la aprobación de una norma para garantizar la equidad, la calidad y la confidencialidad en la interrupción del embarazo. El Ejecutivo trata de asumir así la reivindicación por parte de la izquierda de una reforma de la ley que regula el derecho al aborto, así como calmar la indignación desatada tras el desfile de mujeres llamadas a declarar por el juez que investiga a la madrileña Clínica Isadora por supuesta mala praxis.

La idea de tomar medidas para garantizar el respeto a la intimidad de las mujeres fue recogida en la Conferencia Política del PSOE, celebrada el último fin de semana de enero. El PSOE incluyó en su programa de 2004 una propuesta de reforma de la ley de interrupción del embarazo, pero el Gobierno descartó llevarla adelante e incluso fue retirada del programa electoral para 2008. Esto provocó disensiones en el interior del partido, ya que un buen número de cuadros y militantes no entendió lo que parecía una concesión a la Iglesia. Ahora, los socialistas esperan poder despedir la legislatura con un Real Decreto que, por un lado, sirva de respuesta al desafío de la Iglesia, y, por otro, mitigue la presión de la izquierda, encabezada por Gaspar Llamazares, para establecer una ley de plazos.

El plan del Gobierno pasa por requerir a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites de la inspecciones de las administraciones públicas en las clínicas abortivas. Sin embargo, Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, recordó que en la actualidad la ley ya protege los historiales clínicos, de modo que solo una autoridad judicial puede acceder a la identidad de la persona a la que corresponde el informe médico. Para Barambio, el problema es que son los jueces los que están citando a mujeres como testigos y como imputadas en la investigaciones abiertas a clínicas de Barcelona y Madrid. Aún así, la clínicas abortivas valoran de forma positiva la propuesta del Ejecutivo, ya que creen funcionará como un aviso para que ningún Gobierno autonómico o municipal trate de impedir el trabajo de la clínicas con medidas de carácter administrativo.

Modelo andaluz

El ministerio de Sanidad prevé aplicar el modelo de la educación concertada a la interrupción del embarazo. Así, promoverá que todas las administraciones autonómicas lleguen a acuerdos con las clínicas privadas para derivar desde la seguridad social a las mujeres que vayan a someterse a un aborto, como ya sucede en Andalucía. Asimismo, Sanidad establecerá cuáles son los criterios de calidad y las garantías con que las clínicas deberán realizar su actividad en todo el Estado. No obstante, el Gobierno no confía en que pueda obligar a todas las comunidades autónomas a contar con centros dedicados a realizar abortos, con lo que muy probablemente las navarras deberán seguir abandonando su comunidad para ejercer este derecho.

A pesar de que la medida anunciada por el Gobierno no cumple con las expectativas del colectivo de clínicas abortivas, que abogan por una ley de plazos que permita a la mujer abortar libremente en las primeras semanas de embarazo, Barambio expresó su satisfacción porque, a su juicio, a los grupos católicos que han abanderado la campaña contra el aborto “les ha salido el tiro por la culata”. “Han conseguido que la sociedad se de cuenta de que no quiere perder un derecho y los políticos se han tenido que poner en marcha para abordar el asunto”, explicó Barambio.