Rapapolvo del juez al Ministerio Fiscal por respaldar la versión de ‘los Albertos’ en el caso de la carta falsa

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid que daba luz verde al procedimiento por la ‘carta falsa’ del caso Urbanor no sólo confirma que los Albertos tendrán que sentarse en el banquillo. El Tribunal se ha ocupado de darle un buen rapapolvo al Ministerio Fiscal por haber respaldado la tesis de Alberto Alcocer y Alberto Cortina instando al sobreseimiento del caso. Según los jueces, el Ministerio Público “opera de una forma que en modo alguno se ajusta a los criterios que sigue diariamente ante este Tribunal” habida cuenta de todos los indicios existentes sobre la falsedad de la carta. Llegados a este punto, los magistrados hacen un símil y se preguntan cómo la Fiscalía podría acusar a “un correo indigente sorprendido en el aeropuerto de Barajas con un kilo de cocaína en la maleta” si éste alega que la droga se la han introducido clandestinamente en el aeropuerto de Bogotá.

La famosa carta, a la que se aferran los primos para evitar cumplir la condena por estafar a los accionistas minoritarios de Urbanor cuando vendieron los terrenos a un precio mucho mayor del que obtuvieron éstos, relata cómo los minoritarios Pedro Sentieri y Julio San Martín confabularon para ocultar que conocían los dos precios. Los indicios, sin embargo, apuntan a que esa carta es falsa ya que, casualmente, la misiva apareció 26 días después de la condena contra Cortina y Alcocer y las periciales certificaron la firma de Sentieri, pero el papel, el sobre, el membrete y los tipos de letra utilizados en el documento revelan que algo falla.

Además, se da la circunstancia de que los citados empresarios contrataron los servicios de Capital Inmobiliario Colón, una entidad mercantil que se encargaba de realizar “por su cuenta y riesgo todas las actividades de investigación, localización y obtención del material potencialmente probatorio” para desestimar la condena del Supremo a cambio del 20% de la responsabilidad civil determinada en dicha sentencia, una cifra que alcanza los 4,92 millones de euros.

Por todo ello, la Sala considera demostrado que la carta puede ser falsa y, por ello, los Albertos volverán a enfrentarse a un Tribunal, en este caso, por falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa. Asimismo, “no llega a entender cómo el Ministerio Público puede concluir que no concurren indicios incriminatorios”.

Una carta sin sentido común

La Audiencia Provincial comprende “todavía menos la postura del Ministerio Público si se examina el contenido concreto del documento presuntamente falso”. Según la Sala, “sólo una persona de una ingenuidad e infantilismo manifiestos firmaría y enviaría una misiva en la que se documenta por escrito el propósito de mentir ante un Tribunal y la forma de hacerlo. Se trata de una carta que ofende al sentido común”, impropia de una persona “con la cordura de un ciudadano medio y mucho menos con un nivel cultural y profesional como el de los querellantes”.

A todo ello se suma el momento en el que aparece la misteriosa misiva, el contrato previo con Capital Inmobiliario Colón, los faxes que se cruzaron “entre las personas que aportaron realmente la carta y algunos de los imputados y todos los demás elementos que contextualizan el caso” (...) “Si la conflictiva carta fuera verdadera y auténtica tenía que haber salía a la luz años atrás. Es más, sí salió a la luz, pero para ofrecérsela a los letrados que defendieron con anterioridad los intereses de Alberto de Alcocer y Alberto Cortina, letrados que, obviamente, se negaron a entrar en un juego que presentaba indicios delictivos”.