El Tribunal Constitucional justifica las recusaciones: los magistrados no sólo deben ser imparciales sino parecerlo
María Emilia Casas / Efe.Decían los romanos que la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Lección que recoge el Tribunal Constitucional
Decían los romanos que la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Lección que recoge el Tribunal Constitucional en el auto difundido ayer para argumentar la aceptación de la recusación de dos magistrados, considerados conservadores, presentada por el Gobierno socialista para evitar una mayoría desfavorable en las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la Ley del propio Alto Tribunal (LOTC): "Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional".
La petición de recusación de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por parte del Gobierno se produjo una vez aprobadas las abstenciones de la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, arguyendo que el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la LOTC les afectaba directamente, ya que dicha ley alarga ambos mandatos. Estas abstenciones abocaban a una mayoría conservadora al Alto Tribunal, en contra de los intereses del Gobierno.
Tras presentar estas recusaciones, el PP intentó recusar a su vez a otros tres togados del ala progresista, pretensión rechazada a limine, esto es, de plano, sin tomarla en consideración debido a la inconsistencia de los argumentos planteados por los populares. Pasados dos días de las elecciones generales y reelegido el Gobierno socialista, el Pleno del Tribunal Constitucional (con ocho miembros por la ausencia de presidenta, vicepresidente y recusandos) admite apartar del debate sobre la LOTC a los dos magistrados conservadores.
La incumplida la apariencia de imparcialidad por parte de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata tuvo lugar cuando el 24 de septiembre de 2007 el diario El País publicó una misiva que ambos togados le remitieron a la presidenta del Constitucional mostrando su disconformidad con la nueva LOTC porque ampliaba su mandato así como el del vicepresidente. La carta fue escrita el 22 de junio de 2007 y la Abogacía del Estado, encargada de recabar los datos para recusar a los dos magistrados a propuesta del Gobierno, entiende que eran conscientes que el Partido Popular iba a presentar el recurso de inconstitucionalidad de la norma un mes después, el 27 de julio de 2007.
Los ya recusados, en su defensa, "niegan haber incurrido en cualquier causa de recusación", porque las opiniones expresadas en su escrito dirigido presidenta del Tribunal son opiniones internas y por ello reservadas, realizadas en el ejercicio de sus funciones como magistrados del Tribunal Constitucional, que no pueden dar lugar a su recusación como consecuencia de una filtración interesada a los medios de comunicación". Es más, el propio Tribunal Constitucional en su pleno gubernativo del 4 de julio de 2007 sobre dicho escrito se resolvió "no tomar en consideración y archivarlo".
Con todo y con eso, el pleno del Alto Tribunal decidió anteayer admitir las recusaciones. Un pleno porque "existe una conexión directa e inmediata entre la opinión vertida por los magistrados recusados en su escrito de 22 de junio de 2007 y el objeto del recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular (...) En fin, la opinión manifestada en su escrito por los magistrados recusados reviste el tenor, la contundencia y la radicalidad necesarias para fundamentar una sospecha justificada de pérdida de imparcialidad objetiva".
Votos particulares en contra
El mermado pleno del Alto Tribunal estaba compuesto por los magistrados tildados de conservadores Vicente Conde (presidente por veteranía y, por tanto, con voto de calidad), Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y los progresistas Elisa Pérez, Eugeni Gay Montalvo, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Tanto Rodríguez Arribas como Javier Delgado emitieron votos en contra de la recusación de sus compañeros.
El primero porque estima que la carta forma parte de la "actividad interna" del Constitucional y que no pierde tal carácter por el hecho de que fuera filtrada a la prensa: "Aceptar lo contrario, aunque sea en casos que se consideren especiales, como viene a mantenerse en el Auto del que discrepo, puede producir graves efectos en el funcionamiento normal de este Tribunal". Es más, esta circunstancia abre la puerta a que "cualquier documento, nota de servicio, borrador, etcétera, una vez filtrado al exterior pudiese fundar una recusación". Por su parte, Delgado añade que "esas opiniones no se manifestaron en el ejercicio de la función jurisdiccional". La situación política tras el 9-M no augura mejores momentos para la Justicia española.
Decían los romanos que la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Lección que recoge el Tribunal Constitucional en el auto difundido ayer para argumentar la aceptación de la recusación de dos magistrados, considerados conservadores, presentada por el Gobierno socialista para evitar una mayoría desfavorable en las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la Ley del propio Alto Tribunal (LOTC): "Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional".