Zaplana cree posible "ahora" renovar el CGPJ tras el fortalecimiento de los dos grandes partidos
Eduardo Zaplana / Efe.La futura constitución del Parlamento más bicolor de la reciente historia democrática de nuestro país puede beneficiar a las más altas instancias de
La futura constitución del Parlamento más bicolor de la reciente historia democrática de nuestro país puede beneficiar a las más altas instancias de la Justicia española. Con las urnas aún calientes, Eduardo Zaplana se congratulaba ayer de haber aguantado el tirón en la pasada Legislatura sin ceder a la propuesta del PSOE para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace año y cuatro meses. Dicha propuesta consistía en que tanto PP como PSOE debían renunciar a un magistrado para que lo pudieran elegir las fuerzas minoritarias como ERC o IU. El Partido Popular se negó sistemáticamente a ceder parte de su cuota por el hecho de beneficiar a los socios del partido gobernante y rompió toda negociación provocando un cruce de acusaciones que dejaba en medio a una Judicatura abochornada.
Del total de 36 vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces, 20 son elegidos por el Parlamento. Después de las elecciones del 14 de marzo de 2004, nueve le correspondían al PSOE, nueve al PP y dos a las fuerzas minoritarias. Pese a que el "reparto de jueces" ya está establecido en función de los escaños, el acuerdo entre las grandes formaciones políticas es indispensable porque la composición del CGPJ debe ser ratificada en el Congreso por una mayoría de dos tercios. Para dicho acuerdo, la polémica propuesta de los socialistas establecía que tanto PP como PSOE eligieran sólo a ocho, dejando cuatro a las fuerzas minoritarias por las que algún togado podría ser elegido por ERC o IU, los socios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tras el 9-M, con los diputados de ERC e IU en el grupo mixto, la propuesta del PSOE ya no tiene sentido y el ex portavoz parlamentario de los populares declaró que el acuerdo para la renovación del CGPJ "se puede conseguir ahora". "Siempre hemos estado abiertos a la renovación, pero no hemos estado de acuerdo en los criterios, y ahora me alegro muchísimo de nuestra actitud en la anterior Legislatura", añadió.
Así las cosas, el esquema se repite. Los dos grandes partidos tienen cada uno nueve vocales para elegir y dos serán designados para las fuerzas minoritarias. Dos magistrados por los que se tendrán que entender CiU y PNV.
El misterioso decreto del Ministerio de Justicia
El artífice del acuerdo principio de acuerdo, según publicaba La Vanguardia el pasado 19 de marzo, es el moderado y recién nombrado portavoz socialista del Congreso José Antonio Alonso. Casualidad o no, dos días después, El País informaba que no hay acuerdo que valga y que, para evitar las negativas consecuencias del insistente "bloqueo del PP" es el Ministerio de Justicia aún regentado por Mariano Fernández Bermejo el que está tomando cartas en el asunto.
Según el rotativo de Prisa, Justicia prepara "una reforma legal de urgencia" para impedir que "un grupo parlamentario pueda mantener en funciones al gobierno de los jueces por tiempo indefinido". El nuevo texto legal obligaría al "cese automático de todos los vocales si en un tiempo determinado, después de agotado su mandato, los partidos no acordasen su renovación" y, para cubrir el vacío de poder, se crearía "una comisión permanente" compuesta por cinco magistrados. A la vista de las actitudes y los resultados, ya se sabe qué puesto ocupará Alonso... a saber dónde queda Bermejo.
La futura constitución del Parlamento más bicolor de la reciente historia democrática de nuestro país puede beneficiar a las más altas instancias de la Justicia española. Con las urnas aún calientes, Eduardo Zaplana se congratulaba ayer de haber aguantado el tirón en la pasada Legislatura sin ceder a la propuesta del PSOE para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace año y cuatro meses. Dicha propuesta consistía en que tanto PP como PSOE debían renunciar a un magistrado para que lo pudieran elegir las fuerzas minoritarias como ERC o IU. El Partido Popular se negó sistemáticamente a ceder parte de su cuota por el hecho de beneficiar a los socios del partido gobernante y rompió toda negociación provocando un cruce de acusaciones que dejaba en medio a una Judicatura abochornada.