El Constitucional permite la continuidad de Casas como presidenta y allana el camino para el "Estatut"

Una Legislatura a salvo. El minipleno del Tribunal Constitucional, mermado tras renuncias y recusaciones, ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el propio Alto Tribunal y que permitía la continuidad en el cargo de presidenta a la progresista María Emilia Casas y, por tanto, a su valioso voto de calidad a la hora de dirimir el resto de recursos contra las normas estrella de la pasada Legislatura presidida por José Luis Rodríguez Zapatero . Entre ellas, se encuentra el polémico Estatut de Cataluña y la ley del matrimonios entre homosexuales.

El pleno ha estado presidido por el magistrado más antiguo, el conservador Vicente Conde, debido a la abstención de la propia María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, y la recusación a propuesta del Gobierno de los conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Como era de esperar, los votos discrepantes a esta sentencia han correspondido a los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, los tres del ala del Partido Popular que se quedó en minoría. Así las cosas, pese a que hay que esperar en los próximos días para conocer el contenido del fallo así como de los votos particulares, la división del Alto Tribunal es manifiesta dado el difícil equilibrio entre los togados próximos al partido gobernante y los afines al PP.

El camino para llegar a esta sentencia ha sido largo. El recurso de inconstitucionalidad contra la LOTC fue presentado por el grupo popular el 24 de mayo de 2007. El 8 de octubre, Casas y Jiménez deciden abstenerse en la votación del citado recurso porque les afecta directamente, ya que la ley recurrida establecía la prolongación de ambos mandatos. Esta decisión fue aceptada por el Alto Tribunal nueve días más tarde dejando la mayoría en manos conservadoras.

Llegados a este punto, se abrió la veda de las recusaciones. El 19 de octubre, el Gobierno presentó la recusación contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata basándose en una carta filtrada a la prensa en la que ambos se mostraban en contra de la reforma de la LOTC. A la semana siguiente, el PP respondía al envite intentando recusar a tres progresistas. El Constitucional se encontraba al borde del bloqueo ya que para dirimir ambas recusaciones no se llegaba a la mínimo de ocho miembros.

Fórmula de desbloqueo

Finalmente, Vicente Conde improvisó la fórmula de decidir sobre dichas recusaciones aunque estuvieran presentes los recusandos. Pero sólo se puso en práctica en el caso de las recusaciones planteadas por los populares que, además, fueron rechazadas el 27 de noviembre a limine, esto es, de plano, debido a que se basaban en una información publicada en el diario El Mundo en la que se aseguraba que los magistrados Pascual Sala Sánchez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps se habían manifestado a favor de la reforma de la LOTC en una reunión con la presidenta Casas. Algo posteriormente desmentido por los protagonistas.

Por el contrario, cuatro días después de las elecciones generales, el pleno del Constitucional aprobó la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata sin su presencia en el debate. El camino se allanaba para el rechazo del recurso de inconstitucionalidad contra la LOTC, conocido hoy, y, por tanto, para el resto de normas recurridas por el Partido Popular a lo largo de la pasada Legislatura. Los artífices del Estatut pueden respirar tranquilos.