Discrepancias en el Constitucional por el amparo a un etarra que denunció torturas

El Tribunal Constitucional sorprendía ayer con la concesión de amparo a un etarra, Alberto Viedma Morillas, porque las torturas que denunció tras su arresto no han sido “eficazmente” investigadas. Su detención se produjo en febrero de 2002 y en abril del mismo año presentó ante los Juzgados de San Sebastián una denuncia relatando diversos hechos que se podrían considerar constitutivos de un delito de torturas. La causa se archivó porque una vez en Madrid se negó a ser reconocido por un médico. Ahora, el Alto Tribunal entiende que esa actitud es “contradictoria” pero dicha circunstancia “no puede ser considerada concluyente si se tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento se produce en el mismo día en que finalizaba la detención y, por ello, el periodo en que el denunciante afirma que fue torturado”.

Sin embargo, no todos los magistrados estaban de acuerdo con la sentencia. Jorge Rodríguez-Zapata emitió un voto particular en el que dejaba claro que “la tortura es un delito especialmente grave” pero “la investigación judicial estuvo bien encaminada en este caso” porque constaba en el procedimiento la versión del denunciante y no era previsible que los agentes policiales fueran a admitir los hechos imputados, por lo que era adecuado buscar su esclarecimiento a través de los informes emitidos por los médicos que estuvieron en contacto directo con el detenido que en cuatro ocasiones reconocieron a Viedma en las dependencias policiales. “Y también valoran los órganos judiciales, como dato de especial relieve, que el demandante de amparo, estando ya a disposición judicial y tras haber denunciado las supuestas torturas, no quisiese ser reconocido por el médico forense del Juzgado a cuya disposición fue puesto”, insiste Rodríguez-Zapata.

Viedma Morillas fue condenado por el asesinato en 1998 del edil de UPN en Pamplona Tomás Caballero. En la denuncia por presuntas torturas, el etarra relata que, tras ser detenido en su domicilio por la Guardia Civil el 28 de febrero de 2002 y durante el trayecto al cuartel de Pamplona, recibió golpes “en la cabeza, nuca y en los testículos” y que en el calabozo de las dependencias de la Guardia Civil le golpearon “con las manos en la cabeza, en la nuca, estómago, testículos y tirones de pelo” y le amenazaron con pegarle un tiro colocando una pistola en su cabeza, además de con ponerle “la bolsa, electrodos y con la bañera”.

Igualmente, puso de manifiesto que fue trasladado al hospital porque estaba “muy nervioso y mareado” y que allí, tras una primera exploración médica y a la espera de los resultados de una analítica de sangre, permaneció en una habitación con tres guardias civiles durante unos cuarenta minutos en que siguieron las amenazas y humillaciones. Finalmente, el médico le dijo que los resultados habían salido bien y que todo se debía a los nervios, dándole una pastilla.

Necesidad de un testigo

Al margen de Rodríguez-Zapata, el pleno del Constitucional, cuyo ponente fue Pablo Pérez Tremps, consideran un “error” el hecho de que el Juzgado procediera al archivo de la causa con el argumento de que Viedma no aclaró qué diligencias faltaban por practicar para comprobar la veracidad de sus denuncias cuando éste propuso las declaraciones de los agentes que intervinieron en su detención, la suya, la del abogado de oficio que le asistió, la del médico forense que le atendió y la de la médico que le observó en Pamplona. Así las cosas, la “falta de credibilidad” que los órganos judiciales atribuyeron a la denuncia por torturas podría haber sido desmentida o corroborada por el testimonio, prestado con inmediación del denunciante que “constituye un medio de indagación particularmente idóneo al respecto”.

El Constitucional reconoce que la conducta del detenido puede ser, en principio, “contradictoria con el hecho de haber sufrido las torturas que denuncia, ya que no resultaría lógico que se negara a un reconocimiento físico quien ha sufrido torturas y desea su denuncia y su castigo. Esta circunstancia, sin embargo, no puede ser considerada “concluyente” si se tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento se produce en el mismo día en el que finaliza la detención y, por ello, el periodo en el que el denunciante afirma que fue torturado.