El grave atasco de sentencias revela el déficit de jueces ante el incremento de los procesos penales

La cifra espanta. Cerca de 270.000 sentencias en materia penal no habían sido ejecutadas a finales de 2007 en toda España, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellas, se encuentran los casos más graves y mediáticos como el asesinato de la niña Mari Luz Cortés a manos de un pederasta condenado por ello y el doble crimen en la localidad guadalajareña de Alovera de Sylvina Bassani y su compañero sentimental a manos del ex marido de ésta, un ex sargento con orden de alejamiento y armado pese a habérsele retirado el permiso de armas. Fuentes jurídicas solventes admiten la gravedad de estos hechos pero consideran que son una minoría. Asimismo, consideran que las reformas legales en materia penal de los últimos años “han provocado un aumento de procedimientos, y no se ha correspondido con reformas también en materia ejecutoria”.

Así las cosas, pese a crecer el número de procesos penales como, por ejemplo, en el caso de las infracciones de tráfico, no ha existido un aumento de efectivos o reformas en el sistema de aplicación de las sentencias. Por tanto, el atasco “no sólo se debe a la huelga de funcionarios”. Las fuentes admiten que el número de sentencias sin ejecutar “es muy relevante, pero los hechos más graves se procura que sean ejecutados antes” pese a la carencia de medios. “El sistema judicial genera más sentencias penales de las que puede asumir” y, además, “no se valora el trabajo de los jueces especializados en Ejecutorias penales” pese a la importancia de su labor.

El informe de la sección de Organización y Gestión del CGPJ certifica que los Juzgados de Ejecutorias penales y los de lo Penal ordinarios acumulaban a finales de 2007 concretamente 269.405 asuntos pendientes de ejecutar. El estudio, firmado por el jefe del Servicio de Inspección Javier María Calderón, contiene propuestas tendentes a obtener la plena normalización de la situación. Entre ellas, el compromiso del Ministerio de Justicia para crear una Oficina Judicial para los delitos de carácter penal, así como la adopción de medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular o que se les facilite a los primeros la formación necesaria. Además, aboga por la implantación de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias y propone la elaboración de un estudio de estos órganos durante este año para controlar su funcionamiento.

Diferencias por Comunidades Autónomas

En España existen 323 Juzgados de lo Penal. En aquellas Comunidades Autónomas donde no existen órganos especializados en Ejecutorias (sólo existen en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca), los Juzgados de lo Penal soportan una pendencia muy variable. Así, en Cantabria (4 Juzgados) sufren una pendencia media de 1.273 ejecutorias, seguidos de cerca por Navarra (3 órganos) con 1.159 ejecutorias y de Murcia (8 órganos), con 1.140 expedientes.

Por el contrario, Castilla y León (16 órganos) con 368 ejecutorias y Extremadura (7 órganos) con 428 ejecutorias se sitúan entre las Comunidades con menos pendencia. Respecto a las Comunidades con Juzgados especializados en Ejecutorias el estudio concluye que el de Islas Baleares soporta la mayor pendencia existente (8.041 ejecutorias), seguidos de los cuatro de Madrid (con una media de 6.864 ejecutorias), los cuatro de Cataluña (con una media de 5.624) y los tres de la Comunidad Valenciana (media de 5.309 ejecutorias).

Los Juzgados del País Vasco (el número 7 de Bilbao y el número 4 de Donostia-San Sebastián) se sitúan con una media de 3.100 ejecutorias. El estudio concluye que la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias durante el trienio 2005-2007 “excede ampliamente” el módulo previsto para este tipo de órganos (2.655 expedientes). “Determinadas circunstancias (elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10 al 90% de la plantilla esté cubierta por personal interino; falta de experiencia del personal; cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad) han impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad”, añade.