Bermejo niega el colapso de la Justicia: “Sólo es un problema endémico que se está mejorando”

La negación de la evidencia debe ser una lección que se aprende pronto en política. En este caso, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo considera que el colapso de la Justicia no es tal sino un simple “problema endémico” de retraso que se está mejorando. Y todo después de una investigación del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ponía de manifiesto la existencia de cerca de 270.000 sentencias de lo Penal sin ejecutar en España a finales de 2007. Bermejo considera, eso sí, que la Administración de Justicia tiene que ser modernizada y que los “enormes esfuerzos” realizados no han sido suficientes: “Estamos engordando una Administración que estaba raquítica”.

El ministro estima conveniente hablar de sentencias “en ejecución” y no “sin ejecutar”, porque los procesos penales son lentos por excelencia. Si una sentencia penal no se ejecuta en años “no es anómalo” porque tiene múltiples trámites por los que pasar. Bermejo tampoco quiere hablar de “caos” porque no se trata de una regla generalizada: ”Colapso existe cuando hay cuello de botella y no puede pasar y mientras se está trabajando, se está ganando tiempo al retraso”. Asimismo, ha recordado que en 2006 ingresaron 343.431 sentencias y se resolvieron 414.957, quedando en trámite de ejecución 417.420 mientras que el año pasado entraron 348.597 y se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591.

Mientras tanto, el CGPJ se ha puesto manos a la obra y a la investigación realizada, cuyas conclusiones se dieron a conocer el pasado lunes, ha encomendado al Servicio de Inspección que realice un seguimiento continuo de los Juzgados especializados en Ejecutorias penales y de los de lo Penal ordinarios con competencias en esta materia al registrar unos niveles de pendencia por encima de lo deseable. Un acuerdo adoptado por unanimidad entre los miembros de la comisión permanente del Consejo.

Voces autocríticas

En la mañana de ayer, Cándido Conde-Pumpido fue reelegido por mayoría como fiscal general del Estado tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, trámite que se estableció en la reforma de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el pasado mes de octubre. Conde-Pumpido hizo referencia a casos como el de la niña Mari Luz Cortés y el crimen de Alovera, para explicar que estos acontecimientos han demostrado que, aunque las nuevas tecnologías “no pueden seguramente eliminar el error humano, sí pueden contribuir a evitar que algunos se produzcan o incluso a paliar sus consecuencias”.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho un llamamiento a la “necesaria autocrítica” de todos los que intervienen en el proceso penal y ha considerado que para solucionar el problema de la Justicia no basta con reiterar la demanda de más medios materiales, aunque hagan falta. En una nota de prensa, esta asociación afirma que la solución a lo que califica de “inadmisible” situación de la Justicia -especialmente en lo relativo a la ejecución de sentencias- “no es sencilla” y afirma que requiere “una inaplazable y profunda reflexión por parte de todos”.

Asimismo, el sindicato CCOO se ha mostrado “absolutamente asombrado” por la repercusión mediática del informe acerca del colapso de sentencias penales sin ejecutar: “Desde nuestro sindicato hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo de manera constante en relación con la situación de absoluto colapso en la que se encuentran estos juzgados. Es lamentable que tengan que ocurrir hechos tan graves como el ‘caso Mari Luz’ o denuncias en los medios de comunicación de jueces que ya han llegado al límite en su propio juzgado para que todas las administraciones competentes tomen en serio la situación generada desde hace ya años en estos juzgados”.