El Constitucional sale en defensa de su presidenta, a excepción del conservador Rodríguez-Zapata

El pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado, aunque no unánimemente, a su presidenta María Emilia Casas en el caso de presunto asesoramiento jurídico ilegal, archivado la semana pasada por el Supremo, después de escuchar su versión. Casas termina así con un vía crucis que comenzó con la publicación de una conversación privada que mantuvo con una abogada, hoy encarcelada por ordenar el asesinato de su marido, en la que presuntamente la asesoraba en materia jurídica y la invitaba a contactar de nuevo con ella si el asunto llegaba al Constitucional. Un asunto turbio que ha puesto a la presidenta del Alto Tribunal de nuevo en la picota y del que sale airosa con el apoyo de todos sus compañeros, salvo el del magistrado conservador Emilio Rodríguez-Zapata que se reserva su opinión en un comunicado aparte.

En una nota informativa, el pleno del Constitucional ha agradecido a su presidenta “la transparencia de su comunicación” y le ha reiterado su confianza. Asimismo, “expresa a la presidenta su apreciación de que ni ella ni el Tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas”. Por ello, “manifiesta su decisión de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en su agenda”.

Por su parte, Rodríguez-Zapata explica su silencio “porque considera que con arreglo a la propia jurisprudencia del Tribunal ello supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo” del Constitucional.

Caso cerrado

El pasado jueves, 5 de junio, el Tribunal Supremo archivó el procedimiento al estimar que la presidenta no asesoró de ningún modo a su interlocutora: “Sus comentarios no colman la acción típica”, es decir, no se pueden tipificar como delito de asesoramiento jurídico ilegal, tal y como lo contempla el artículo 441, que castiga a los magistrados con la inhabilitación de uno a tres años si ejercen su actividad profesional o asesoran de forma permanente o accidental a particulares en un asunto que haya intervenido por razón de su cargo.

En este caso, Casas asesoró sobre violencia de género a la citada abogada, que decía sufrir malos tratos y que su hija padecía abusos sexuales. Las conversaciones se produjeron en abril de 2007, cuando el Alto Tribunal aún estudiaba la constitucionalidad de la Ley Integral sobre la Violencia de Género. Además, durante la charla, la letrada comentó que su ex marido había muerto “en circunstancias un tanto extrañas”, ante lo que Casas reaccionó asegurando que no puede ayudarla y facilitándole los teléfonos de dos abogados y se despide diciendo: “Si alguna vez va en amparo (al Constitucional), pues me vuelve a llamar”.

Un desliz por exceso de buena fe

La conversación fue grabada por la Policía a instancias de una juez del municipio madrileño de Valdemoro que investigaba el asesinato y remitida al Tribunal Supremo por si de la actuación de Casas se podía derivar alguna responsabilidad penal. El Supremo finalmente dictaminó archivar el caso, tal y como se esperaba en el mundo de la Judicatura.

Pese a la preocupación de los magistrados por el escándalo, manifestada por el portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, diversos juristas consultados por El Confidencial expresaban su comprensión para lo que consideraban un desliz: “Pecó de buena fe, nos hubiera pasado a cualquiera”.