Juan Belloch desafía a Ferraz por el recorte de fondos a los ayuntamientos previsto por Solbes

Los responsables de Economía de los Ayuntamientos de Zaragoza, Madrid y Málaga consensuaron este martes un documento con las líneas básicas de lo que creen que debería ser la base de la negociación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Gobierno para establecer la participación municipal en los tributos del Estado. El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, lideró en la capital aragonesa una reunión con sus homónimos de Madrid, Juan Bravo; y de Málaga, Carolina España, para preparar el documento que este miércoles presentarán en la Comisión de Economía de la FEMP y que también trasladarán al Consejo Territorial del sábado.

El objetivo de este encuentro ha sido buscar soluciones a la "hipótesis" planteada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, de recortar la financiación que reciben los ayuntamientos del Estado, y que, advirtió en rueda de prensa el edil zaragozano, podría generar "problemas muy graves" para prestar servicios a la ciudadanía, en muchos casos además, "impropios".

Catalá insistió en que no fue "una reunión de alcaldes insumisos contra la disciplina de la FEMP", en respuesta a la polémica que suscitó la convocatoria de este encuentro, al que también se había invitado a Valencia, que gobierna el PP, y a Sevilla y a Barcelona, que, gobernadas por socialistas, no acudieron tras recibir "presiones" del partido para circunscribir la negociación al ámbito de la FEMP, según precisó el concejal.

Llamadas desde el PSOE para suspender la cita

En este sentido, en declaraciones posteriores, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, reveló que había recibido llamadas desde el PSOE para que suspendiera la cita pero que no espera represalias por no hacerlo, ya que, "si un alcalde dependiera de las órdenes del partido, no solo sería poco adecuado desde el punto de vista del interés de los vecinos, sino francamente inconstitucional". "Por la responsabilidad que tenemos no podemos quedarnos cruzados", matizó sobre el mismo asunto Carolina España, quien hizo hincapié en los problemas que va a generar a los ayuntamientos el descenso de los ingresos por la venta de suelos debido a la crisis de la construcción.

Según Juan Bravo, esta práctica debería haber sido "coyuntural" y sin embargo ha sido una fuente de ingresos para los municipios, por lo que ha considerado éste un "momento crucial" para sustituir ese concepto por una fuente estable de ingresos corrientes, a través de la mejora de la participación en los tributos del Estado y en los ingresos de las Comunidades, como se ha recogido en el documento.

El delegado de Hacienda madrileño subrayó además que el Estado debería asumir ese importe en el caso de incumplimiento por parte de la Comunidad autónoma y desgravárselo con posterioridad, y advirtió de que la reforma del modelo de financiación local "responde a una necesidad económica no política". En su opinión, no se trata de mejorar la financiación municipal por medio de la subida de impuestos sino que se deberían incrementar los seis euros que reciben los ayuntamientos de cada cien euros que ingresa el Estado "cuando prestan 180 servicios básicos".

Reclaman por ello que se estudie "de inmediato" la participación en los ingresos del Estado para que no dependa de las políticas fiscales que pueda adoptar en cada momento el Gobierno de la Nación.

Los tres concejales también creen que la FEMP debería exigir a la administración central que modere el cumplimiento de la Ley General de Estabilidad presupuestaria hasta 2010, y que exija la revisión del modelo de endeudamiento de los ayuntamientos para equiparlos a los de las Comunidades autónomas. Finalmente proponen que el Ministerio de Economía revise al alza las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para 2009 y que se les compense financieramente por las medidas adoptadas tras entrar en vigor el actual modelo de financiación.

Por su parte, Belloch indicó que ante este periodo de crisis respaldarían la postura del Gobierno si las administraciones autonómicas también decidieran rebajar su participación en los tributos, pero no acepta que "la solidaridad sea solo a costa de los ayuntamientos".