Los jueces ganan el pulso al Gobierno

La presión de los jueces ha podido con el obstinado carácter del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Una semana después de la huelga de secretarios y magistrados que paralizó los juzgados de toda España, Bermejo y su secretario de Estado, Julio Pérez, han cambiado por completo el tono de sus declaraciones hacia los profesionales de la administración judicial. Ambos han pasado de tachar de “corporativismo” las manifestaciones de estos colectivos, y de acusar al Tribunal Supremo de interferir en el funcionamiento del Poder Judicial, a reclamar “un ambiente de serenidad” y colaboración.

Pérez admitió ayer que la intención del Ministerio es ahora “atraer” a las asociaciones judiciales y “crear un clima favorable para que funcionen las reformas”. Durante la clausura del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, el secretario de Estado abogó por “mirar hacia delante y colaborar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

Y, como muestra de la predisposición del Gobierno, Pérez recordó que en 2009 se van a dedicar 135 millones de euros a la instalación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial, o que se van a llevar a cabo diferentes oposiciones para paliar la falta de recursos humanos.

Por su parte, Bermejo compareció en el Senado, donde explicó que en la presente legislatura se pondrá en marcha la nueva Oficina Judicial, pendiente desde que se aprobó en 2003, la reforma de 15 leyes procesales y del Código Penal, la reducción del número de interinos y la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal.

El cambio de talante del Ejecutivo se produjo el mismo día en que el CGPJ se reunió con representantes de las principales asociaciones judiciales, y la víspera del encuentro entre el Ministerio y el CGPJ. Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), saludó la rectificación del Gobierno: “Estábamos seguros de que eso iba a ocurrir, porque, de lo contrario, el ejercicio de imprudencia y de falta de capacidad política hubiera sido clamoroso, y nos hubiera llevado a tomar medidas drásticas”.

Para García, “la guerra de reproches era estéril”, y los ciudadanos necesitan un clima de diálogo para acabar con “la dejadez y el abandono político en la inversión de recursos que ha sufrido la Justicia”. Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, se mostró cauto ante el nuevo discurso del Ministerio, aunque valoró la actitud del CGPJ tras la reunión que este órgano mantuvo ayer con las asociaciones.

Avalancha de propuestas

La informatización, el cálculo preciso del trabajo que puede admitir cada juez, la redistribución del personal según el incremento o el descenso de la población, y la actualización de las retribuciones fueron algunas de las reivindicaciones que plantearon al CGPJ las asociaciones Jueces para la Democracia, APM, Francisco de Vitoria y Foro Independiente por la Justicia. En un comunicado conjunto, expresaron que esperan que el Consejo mantenga su buena disposición con “hechos a corto plazo”.

El hecho es que el caso Mari Luz y las protestas de jueces y secretarios han funcionado de revulsivo para la reactivación de las reformas pendientes en la Justicia. A las propuestas de las asociaciones profesionales se superponen el Plan para la Modernización que elabora el CGPJ, así como el desarrollo de la nueva Oficina Judicial y la informatización prometida por Bermejo. Un conjunto de medidas todavía por ejecutar, y que deberán superar el riesgo de descoordinación que supone la interacción entre el Gobierno, comunidades autónomas, CGPJ, asociaciones y sindicatos.