Murcia y su semana constitucional horribilis

¡Vaya semanita! Un constructor visto para prisión incondicional por una estafa millonaria; un alcalde, en libertad tras ser imputado por el cobro de comisiones; otro constructor, obligado a declarar por su relación con éste; un edil más, en vista oral acusado de malversación; otro más, que se subió las dietas mientras su municipio se asfixia económicamente; y por último, un diputado regional imputado al que la Asamblea abre expediente por no aparecer por el hemiciclo.

 

Todo esto ha pasado en Murcia en una semana, la que acabó ayer con las celebraciones constitucionales. La misma semana en la que un juez, Fermín Calamita, fue juzgado en el TSJ por retrasar maliciosamente la adopción de una niña por una pareja homosexual. Tras sus lloros en el juicio, el jurista fue distinguido, el jueves, por aclamación en el Cabildo de Cofradías de Murcia, con motivo de “su defensa de la familia y unas ideas que compartimos”.

Los tintes vodevilescos que está adquiriendo la sociedad murciana merced a estos asuntos se completan con que el constructor estafador usó para obtener unos 15 millones de euros de sus clientes un supuesto complejo turístico que iba a promover en Brasil: Lagoa do Coelho Resort, en el estado de Natal. Y esos tintes rizan ya el rizo y rozan lo intolerable para los bienpensantes porque el diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana por el PP, también parece que “exportó” sus beneficios de convenios urbanísticos fraudulentos a Brasil, lugar de procedencia de su actual pareja, con la colaboración de su esposa. 

Por si faltara algo, la prensa regional contaba ayer domingo que un sonado divorcio económico, el de los dos socios de Polaris World –primer grupo de turismo residencial europeo–  no fue tan pacífico como se pretendió hacer creer en 2006: Pedro García Meroño, que se quedó en la empresa, insultaba a su socio Facundo Armero en unos sms que éste ha puesto a disposición judicial para exculparse de otra investigación judicial sobre los tejemanejes con terrenos en Torre Pacheco, municipio base del grupo inmobiliario.

La Asamblea Regional le quiere retirar el acta porque no aparece por allí desde hace un año, aunque sigue cobrando sus 3.000 salariales, cuando estalló la Operación Tótem en Totana, su municipio, el mismo donde el primer edil, José Martínez Andreo, del PP como Morales, incrementó sus gastos de Protocolo en un 65% hace quince días, mientras su consistorio ha dejado de ingresar unos 20 millones de euros que se han esfumado al irse al traste los convenios urbanísticos fraudulentos destapados en aquella operación.

José Martínez García 'El Mecánico', alcalde en libertad de Librilla tras pasar unos días en el trullo como sospechoso por el cobro de comisiones, aseguraba el domingo que tiene la conciencia tranquila y que seguirá en la alcaldía mientras la Justicia se lo permita. A imagen y semejanza de su compañero de partido (PP), Martínez Andreo, de Totana. En relación con 'El Mecánico' fue llamado a declarar también esta semana el constructor Santiago Martínez Esparza, propietario de la constructora Urvisán, cuyo gerente y yerno del dueño se suicidó en Murcia hace dos meses, aunque las esquelas decían que había fallecido cristianamente en San Javier, a 40 kilómetros.

El otro alcalde popular fue más discreto en la vista oral de su juicio, el jueves pasado, pendiente de sentencia por malversación, aunque tuvo el alivio de que el fiscal retiró el cargo de prevaricación. El primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, también del PP, está acusado de pagar más de 30.000 euros al jefe del Partido Independiente gracias al cual gobierna, Domingo Valera, que fue alcalde del PP en esa localidad durante dos legislaturas antes de crear su propio partido. Una semana espectacular y edificante, sin duda, de cara a las celebraciones con motivo del trigésimo aniversario de la Constitución.