Sanidad excluye a la población reclusa como grupo de riesgo frente a la gripe A

La advertencia que hiciera hace apenas diez días la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha caído en saco roto. Ni el Gobierno central ni ninguno de los autonómicos considera a la población reclusa grupo de riesgo frente al contagio masivo de gripe A (H1N1) que se adivina en el otoño que llega. Un colectivo de 'residentes' compuesto por 76.437 personas, entre preventivos (el 21%) y penados (el 79%), repartidas en las 66 prisiones que hay diseminadas por el territorio nacional.

 

Un reciente comunicado de la sección sindical de Córdoba de ACAIP valoraba como "tema complejo" el tratamiento de la gripe y  señalaba entonces al medio penitenciario como “uno de los colectivos más amenazados por el virus debido a la masificación de los centros [el penal cordobés, por ejemplo, cuenta con 1.008 plazas para una población de 1.950 presos] y al alto porcentaje de internos que sufren enfermedades como el sida, la tuberculosis o la hepatitis”.

Sin embargo, el Pleno del Consejo Interterritorial decidió ayer lunes por unanimidad que, de momento, sólo se va a considerar (y por tanto a vacunar en primer lugar) como grupo susceptible de contagio a embarazadas, enfermos crónicos a partir de 6 meses de edad y personal sanitario. Un miembro de la Ejecutiva Nacional de ACAIP desconocía ayer los detalles dados por la cartera de Trinidad Jiménez pero avanzaba que la decisión de Sanidad de excluir a la población reclusa del grupo de riesgo era “un grave error”.

Todos los penales españoles cuentan con despachos de consultas, sala de curas y depósito de farmacia desde donde se dispensa unos cuidados de primer nivel, es decir, similares a los prestados por los centros de salud de barrio. Aunque varios de ellos disponen de un pequeño número de camas para enfermos que precisen una mayor vigilancia, cualquier complicación se deriva al centro hospitalario más cercano.

Así las cosas, no haría falta que muchos de los presos afectados por alguna inmunodeficiencia (y que según fuentes de prisiones son “numerosos”) requiriera de atención hospitalaria para originar un serio problema a los centros hospitalarios. De hecho, en 2008 contrajeron la gripe común 1987 reclusos, 148 más que en el año anterior.

La subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que ayer declinó hacer ningún tipo de declaración a El Confidencial, ha establecido como protocolo la puesta en cuarentena o el aislamiento sanitario de los internos en algunos de los módulos de las prisiones. Así lo hizo, por ejemplo, uno de los centros andaluces que el pasado 18 de agosto confirmó el contagio por gripe A de 8 presos. No se disponen de datos a nivel nacional.

Por consiguiente, la población reclusa tendrá que esperar a que las “evidencias científicas” recomienden vacunarles. Jiménez ha dejado esa puerta abierta a la ampliación de otros grupos de riesgo, para quienes aseguró ayer en su comparecencia ante los medios, ha hecho una reserva adicional de vacunas de un 20%, con lo que la población ‘potencialmente vacunable’ ascendería al 60%.

Lo que sí hizo Trinidad Jiménez ayer fue aprovechar el Pleno del Consejo Interterritorial para lanzar el enésimo mensaje de tranquilidad y recordar la “escasa” incidencia (41,17 casos por 100.000 habitantes) que de momento está teniendo la enfermedad, y el bajo nivel de mortalidad (21 fallecimientos) en España.

De momento Sanidad queda a la espera de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), que es quien debe autorizar la dispensación de la vacuna, que se estima para finales de octubre y principios de noviembre. El canal privado deberá esperar hasta el mes de diciembre para tratar de hacer negocio con ese 40% restante para el que el Gobierno no cuenta con reservas.