El Tribunal de Cuentas sólo castiga la financiación ilegal con una multa económica

La financiación irregular de los partidos políticos cuenta en España con una sorprendente tolerancia legal. La ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos sólo contempla una multa económica para aquellas formaciones que disfruten de cajas B o que no justifiquen cada año ante el Tribunal de Cuentas todos sus ingresos. Además, esta multa, que será equivalente al doble de la cantidad percibida ilegalmente por el partido, puede pagarse cómodamente a través de las subvenciones públicas. Así, se prevé que sea deducida de la cantidad que aporta el Estado anualmente para los gastos de funcionamiento de los partidos.

En el caso de que un partido político no presente ante el Tribunal de Cuentas su ejercicio anual, o éste sea tan deficiente que no permita su estudio, se podrá proponer que se retengan al infractor las citadas subvenciones. En definitiva, se trata de un régimen sancionador muy laxo, criticado tanto por numerosos expertos nacionales como por organismos internacionales dedicados a la lucha contra la corrupción.

El propio Tribunal de Cuentas reconoce en su memoria de actuación de 2008 recoge numerosas infracciones de los partidos con representación en las Cortes y asambleas autonómicas. Por ejemplo, Coalición Canaria presentó su informe fuera de plazo y las federaciones territoriales de Izquierda Unida no habían aportado la contabilidad de su actividad. Sobre Chunta Aragonesista y el Partido Andalucista se cuestiona la documentación justificativa de los estados contables. Asimismo, el informe denuncia que “en la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo, no figura incluida la contabilidad de la representación parlamentaria”.

En el ámbito local, la opacidad aumenta, ya que le Tribunal asegura que “las cuentas anuales presentadas no integran generalmente la actividad económico-financiera de la organización municipal ni la de los grupos políticos en las Corporaciones Locales”. En cuanto a la financiación privada, resulta llamativo que las formaciones políticas analizadas sumen 8,7 millones de euros, de los cuales, 7,7 millones han sido aportados por donantes anónimos. El Tribunal reconoce que “dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona”.

Otro problema lo constituyen las deudas con las entidades bancarias de los partidos, que alcanza los 144,8 millones para las formaciones presentes en el Congreso de los Diputados. Aquí también existe la posibilidad de fraude, ya que existen deficiencias a la hora de aportar documentación acreditativa de la cancelación de los créditos concedidos. El Tribunal de Cuentas también alerta de la participación de los partidos políticos en sociedades mercantiles, como el PSC en una sociedad editora o el PNV en la explotación de servicios de hostelería y la gestión inmobiliaria de sus sedes. Por otra parte, la memoria del organismo fiscalizador destaca las relaciones entre partidos y fundaciones, con la concesión de créditos, subvenciones o adquisición de inmuebles que conlleva.

Denuncia del Consejo de Europa

Pero, a pesar de las críticas contenidas en sus informes, el Tribunal de Cuentas no ha demostrado su capacidad para profundizar en las cuentas de los partidos y sancionar adecuadamente. Buena parte de las críticas a este organismo provienen, precisamente, de su composición. Y es que son el Congreso y el Senado los encargados designar a los consejeros de este organismo, y son figuras destacadas de los partidos que tienen que controlar o sus respectivos equipos de gobierno.

El Consejo de Europa denunció el pasado mayo, en su informe sobre la corrupción en España, la opacidad de las cuentas de los partidos políticos, sobre todo en el ámbito local y en lo referente a sus fundaciones y sus relaciones con los bancos. Así, el documento criticó las importantes cantidades de dinero que los partidos reciben a través de cancelaciones de deudas.

Cabe recordar que, además de las sanciones económicas del Tribunal de Cuentas, de la financiación ilegal se pueden derivar otras responsabilidades legales como falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida o cohecho. No obstante, la escasa capacidad del Estado para fiscalizar las arcas de las formaciones políticas, y el hecho de que sean los grandes partidos los que se turnan en el poder y eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas, suponen unos obstáculos prácticamente insalvables para la transparencia.