El ‘caso Gürtel’, en el limbo jurídico

El 'caso Gürtel' cada día se complica más. No sólo por los últimos datos conocidos sino, sobre todo, por el rompecabezas judicial en el que se encuentra inmerso. Los informes policiales apuntan a una presunta trama de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana, pero esto no es suficiente para seguir investigando. Antes deberá resolverse el limbo jurídico en el que se ha caído en este asunto.

El órgano judicial inicialmente competente fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que se encargó de los casos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y varios miembros del consistorio. El pasado 31 de julio, la Policía remitió tanto al TSJCV como al TSJ de Madrid, al Tribunal Supremo y a la Fiscalía Anticorrupción, un informe que ampliaba las acusaciones y hablaba ya de financiación ilegal del partido en Valencia.

Sin embargo, tan sólo tres días después, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, decidió archivar la causa contra Camps y el resto de los imputados del delito de cohecho pasivo al entender que "no existe relación directa entre el pago de prendas" por parte de empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y la adjudicación de contratos públicos a la empresa de Orange Market.

El tribunal estimó que el informe de la Policía era ajeno a las acusaciones presentadas contra el presidente valenciano. De todas maneras, el archivo está recurrido ante el Tribunal Supremo tanto por la Fiscalía como por el PSOE valenciano.

Ahora, el Alto Tribunal podría ordenar al TSJCV que reabriera la investigación y estudiara en esta ocasión el informe policial que considera que la empresa de Alvaro Pérez, 'El Bigotes', el hombre de confianza de Correa en Valencia, tiene una "vinculación directa con responsables políticos del PP valenciano y de los órganos de Gobierno de la Comunidad Valenciana".

El documento recoge que el sistema de facturación falsa y la financiación irregular tiene una "persistencia en el tiempo" y supone una "actuación sistemática" en las relaciones que Orange Market mantiene con el partido.

La misma sala que archivó el caso analizaría los nuevos datos

En el caso que se ordene al órgano valenciano la reapertura de la causa, la Sala encargada será la misma que la archivó, cuyo presidente tiene relación de amistad con Camps. Aun así, fuentes jurídicas apuntan que, al tratarse de un delito de financiación ilegal de un partido, el órgano competente sería un juzgado de primera instancia, previa denuncia, algo que todavía no ha ocurrido.

Desde que la Fiscalía recibió el informe policial el pasado 31 de julio, todavía no ha movido ficha para denunciar estos nuevos hechos en un juzgado. La causa sólo llegaría al TSJCV en caso que entre los implicados de estos nuevos hechos hubiera aforados.

Otra opción que se baraja es que el Tribunal Supremo decida quedarse con toda la trama, al verse afectadas dos comunidades autónomas, Madrid y Valencia. El juez instructor del tribunal superior madrileño cada vez ve más vínculos entre su parte y la valenciana. Incluso remitió parte a De la Rúa para que citara como imputados a Correa y sus dos acólitos, aunque esté lo rechazó.

Esta semana, se va a levantar el secreto de sumario de manera parcial de la parte madrileña. Unos treinta mil folios y casi un centenar de imputados reflejarán cuál es la relación real entre ambas partes de la trama de corrupción.