Turespaña construye un parador en Lorca a pesar de un informe negativo de Patrimonio Histórico

La empresa estatal Turespaña, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, está a punto de terminar en Lorca un nuevo Parador Nacional, todo ello a pesar de un informe de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico que “considera que la actuación planteada no es compatible con la mejor conservación del Castillo de Lorca y su entorno, ni con la preservación de muchos de los valores que le caracterizan como Bien de Interés Cultural”.

 

El informe fue fechado y firmado el 27 de diciembre de 2006 por el entonces subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, Luis Lafuente Batanero, y fue dado a conocer el pasado verano a raíz de una pregunta parlamentaria hecha por Gaspar Llamazares (IU) interesándose por su existencia. Tanto Turespaña, promotora del proyecto, como Patrimonio Histórico dependen del Ministerio de Cultura, que en 2006 ocupaba Carmen Calvo.

 

Turespaña remitió en julio y agosto de 2006, tres años después de empezar la construcción del Parador, toda la documentación del proyecto a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. La Subdirección se pronunció seis meses después, pero el informe nunca se hizo público, mientras que el Ayuntamiento de Lorca y la Consejería de Cultura de Murcia han mantenido siempre que toda la actuación cumplía todos los requisitos, frente a las críticas ciudadanas y políticas que aseguraban que se estaban destruyendo restos arqueológicos importantes, como toda la antigua judería lorquina.

 

En virtud de ese informe conocido ahora, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Lorca considera que “la obra del Parador es ilegal”, puesto que, como señala el informe de la Subdirección General citada infringe los artículos 39.3 y 19.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ya que la obra no evita “una evidente degradación del bien”, ni es “necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo”, y además, en la fecha del informe “se ha producido una clara alteración del monumento (…) y una clara perturbación” de su contemplación.

 

Este diario ha intentado sin éxito conocer del Ministerio de Cultura si ese informe es o no vinculante y si existen otros informes en el departamento ministerial favorables a la construcción.

 

Ley de obligado cumplimiento

 

La ley estatal de Patrimonio Histórico es de obligado cumplimiento en la Región de Murcia, puesto que esta comunidad autónoma no ha desarrollado su normativa propia al respecto. En consecuencia, la Asociación ha puesto los hechos en conocimiento del fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, y le ha solicitado que actúe, pues entiende que ha habido ocultación del informe negativo en cuestión por alguna de las administraciones implicadas (Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de Murcia o Ayuntamiento de Lorca), además de la “ilegalidad” de la obra. El fiscal pasó estos nuevos hechos al juzgado.

 

El ex alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro, bajo cuyo mandato se inició la construcción hace seis años, declaró la semana pasada ante el juez que lleva el caso. Se espera la llamada al actual alcalde, Manuel Jódar, del PP, cuyo partido también aprobó desde el primer momento el nuevo parador.

 

El pronto terminado Parador de Lorca empezó a construirse dentro del recinto amurallado del Castillo, que domina la ciudad, hace ya seis años, con un presupuesto inicial de 14,5 millones de euros y un plazo de 38 meses. En 2006, cuando Turespaña –presionada por la contestación ciudadana al Parador– pidió el informe estaba ejecutado aproximadamente el 40% de la obra. Ahora, tres años después, con Lorca gobernada por el PP y cuando ha salido a la luz el informe, el Parador está prácticamente terminado, y la antigua judería lorquina arrasada junto a los restos del palacio árabe que era contiguo, según la Asociación de Defensa del Patrimonio lorquina.