Valcárcel, obligado a desautorizar a su consejero y sobrino, y al alcalde de Murcia

La presión ciudadana ha obligado al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, a desautorizar al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que pugna por sucederle como mandatario regional, y a su propio sobrino y consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, empeñados ambos en construir un aparcamiento subterráneo que suponía la destrucción de un yacimiento arqueológico árabe de gran importancia.

 

El aparcamiento de la plaza de San Esteban no se construirá finalmente. Así lo aseguró ayer Valcárcel desde Bonn, donde se encontraba de viaje, y horas después de que el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, instara al Juzgado de Instrucción a paralizar el desmontaje de los restos arqueológicos iniciado durante la mañana como trabajo previo al inicio de la construcción del estacionamiento. Un centenar de ciudadanos convocados por sms y correo electrónico se había concentrado desde la mañana en el yacimiento para impedir la salida de camiones con restos arqueológicos.

La Fiscalía había presentado el miércoles por la mañana una denuncia ante el Juzgado por presunta prevaricación y atentado contra el patrimonio, tras la presentada hace quince días por un grupo de ciudadanos ante el Seprona para evitar el desmontado y traslado de los restos de todo un barrio árabe del siglo XII hallados tras el inicio de los trabajos de construcción.

Cámara había reafirmado en las últimas semanas su intención de construir el parking, apoyándose en informes de la Consejería de Cultura, dirigida por el sobrino de Valcárcel, Pedro Alberto Cruz, que restaban importancia al yacimiento. El propio consejero llegó a decir que “el discurso del movimiento ciudadano [opuesto al estacionamiento] es totalmente contradictorio y esquizofrénico”.

"Inviable"

El traslado de los restos arqueológicos hubiera significado su destrucción, según el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José María Luzón, que lo visitó durante el pasado fin de semana. De la misma opinión son arqueólogos locales y nacionales, el Colegio de Arquitectos, una Plataforma creada al efecto y numerosos ciudadanos agrupados en una lista de Facebook de varios miles de personas que se oponen a la construcción del parking y piden su conservación in situ y conversión en parque arqueológico.

Tras la denuncia del fiscal Díaz Manzanera y la orden de paralización del Juzgado de Instrucción, el secretario del mismo se personó en el yacimiento a las cuatro y media de la tarde del miércoles con dos agentes del Seprona para paralizar el desmontado de los restos. Dos horas después, el presidente Valcárcel ordenó a Cámara que se olvidara el aparcamiento en San Esteban, a pesar de que figura en el programa electoral del PP murciano en las pasadas elecciones municipales.

Según dijo Valcárcel a la prensa regional, había tomado esa decisión veinte días antes, pero sólo la hizo pública tras la intervención judicial, el miércoles por la noche. Después de las declaraciones de Valcárcel, también el alcalde Cámara, que hasta el momento había guardado silencio, emitió un comunicado considerando “inviable” la construcción del aparcamiento.

La empresa que iba a construir el aparcamiento es La Generala, en la que tiene intereses el constructor, ex teniente alcalde y hombre fuerte del PP local, Antonio Sánchez Carrillo.