Dieciséis etarras que iban a quedar libres en 2010 continuarán en la cárcel hasta doce años más

Isidro Garalde Bedialauneta “Mamarru”, un “histórico” de ETA encargado durante años del adiestramiento de los militantes de la banda en el manejo de armas, fue detenido en Francia en febrero de 1985, cuando tenía 34 años de edad. Desde entonces no ha pisado la calle. Lleva 24 años entre rejas, 19 de ellos en España y 5 en cárceles galas antes de ser extraditado. Su libertad estaba prevista para el próximo 30 de enero, cuando hubiera cumplido 20 años efectivos de prisión en nuestro país, pese a haber sido condenado a varios cientos de ellos. Sin embargo, la aplicación de la “doctrina Parot” demorará su excarcelación diez años, hasta el 4 de abril de 2020, tras 30 años privado de libertad. Para entonces tendrá 70 años de edad y habrá pasado la mitad de su vida en prisión.

Como él, otros quince etarras que iban a ser excarcelados el próximo año verán prorrogada su permanencia en prisión hasta  doce años en aplicación de un fallo del Tribunal Supremo del año 2006 que impide a los presos de ETA refundir sus condenas en una sola de 30 años, el máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal de 1973. Hasta ese momento terroristas que sumaban siglos de prisión por su implicación de numerosos asesinatos veían reducida su pena a los citados 30 años, sobre los que, a su vez, se aplicaban las redenciones por trabajo o estudios. El resultado era que los etarras con penas más elevadas no pasaban más de 20 años en la cárcel. El fallo del Supremo estableció que las redenciones no debían aplicarse sobre el total de 30 años, sino sucesivamente sobre cada una de las condenas, lo de de hecho dejaba sin efecto los beneficios penitenciarios para los etarras condenados en varias causas, como es el caso de “Mamarru”.

El etarra Henri Parot

La resolución del Supremo se aplicó por primera vez al etarra Henri Parot (de ahí su nombre de “doctrina Parot”), condenado a más de 50 siglos de reclusión por su implicación en 82 asesinatos como miembro del comando Itinerante de la banda, integrado exclusivamente por ciudadanos franceses, que durante doce años actuó en Madrid con total impunidad. Parot iba a recuperar la libertad a principios del próximo año y no lo hará hasta 2020, cuando haya cumplido 30 años efectivos entre rejas. Se da la circunstancia de que “Mamarru” fue el etarra que se encargó de su entrenamiento criminal en Francia.

El paulatino endurecimiento legal para combatir el terrorismo hizo que el Código Penal de 1995, que sustituyó al de 1973, suprimiera las redenciones de pena para los terroristas que fueran condenados a partir de su entrada en vigor, y la reforma de 2005 elevó de 30 a 40 años la pena máxima de permanencia en prisión, obviamente también para quienes fueran condenados a partir de dicho año. Una cadena perpetua de hecho que ha incrementado el número de presos etarras hasta la cifra récord de seis centenares en España y 164 en Francia.

El asesino del niño Fabio Moreno

Uno de los etarras que más verá demorada su excarcelación, doce años exactamente, es Javier Martínez Izaguirre, que de recuperar la libertad el próximo 22 de septiembre no saldrá a la calle hasta el 5 de mayo de 2022, con 67 años de edad. Izaguirre formaba parte del comando Vizcaya que en noviembre de 1991 colocó una bomba en el coche del guardia civil Antonio Moreno Chico cuando llevaba a sus hijos gemelos al colegio. El agente resultó herido, pero uno de sus hijos, Fabio, que entonces tenía 3 años, perdió la vida en el atentado. También pasará doce años más en prisión José María Fernández Pérez de Nanclares, que saldrá a la calle un día antes que su compañero.

Otros destacados etarras que continuarán en la cárcel son Juan Carlos Arruti Azpitarte “Paterra”, miembro del comando Araba que en la década de los 80, los años del plomo en Euskadi, perpetró 39 asesinatos. Arruti fue detenido en 1989 en el peaje de la autopista Bilbao-Behovia tras un tiroteo con la Benemérita en el que resultaron muertos sus compañeros de comando Juan Oyarbide “Txiribita” y Manuel Urionabarrenetxea “Manu”. De resultas de aquella operación fueron detenidos 26 colaboradores del grupo, una cifra desproporcionada si la comparamos con la que informadores de que disponen los actuales comandos.

Otro etarra, Ignacio Erro Zazu “Pelos”, fue detenido en 1987 en otro enfrentamiento con agentes de la Benemérita que irrumpieron en el piso de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) en el que se ocultaba el comando. En la operación resultó muerta la etarra Lucía Urigoita, en un episodio que entonces generó una enorme polémica porque su cadáver presentaba un disparo en la nuca.

La única mujer del grupo de quince etarras que el próximo año se verán afectados por la “doctrina Parot” es Miren Gotzone López de Luzuriaga, que continuará en la cárcel hasta el año 2019. Encarcelada desde 1989, su familia reclamó su excarcelación hace dos años tras serle diagnosticado un cáncer de mama.

61 etarras afectados por la "doctrina Parot"

El resto de etarras que permanecerán en prisión son José Ignacio Echeverría Pascual (hasta agosto de 2021); José Ángel Viguri Camino (2019); Estanislao López Aguiriano (2016); Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu (2014); Oscar Abad Palacios (2021); Andrés Errandonea Arruti (2016); Íñigo Acaiturri Irazabal (2021); Raúl Ibañez Diez (2021) y Andrés Errandonea Arruti (2011).

El año 2006, el primero que comenzó a aplicarse la "doctrina Parot" 13 etarras se vieron afectados por ella, por 7 en 2007, 6 en 2008, 19 en 2009 y los 16 de 2010, lo que eleva hasta 61 el número de terroristas que han visto prorrogada su permanencia entre rejas.