Los empresarios catalanes montan un frente contra Blanco por la reforma de Aena

La espera por la sentencia del Estatut tiene otro frente que aleja al Gobierno y a la sociedad civil catalana: el aeropuerto de El Prat. Los empresarios catalanes no están dispuestos a cruzarse de brazos ante el proyecto de ley del nuevo modelo aeroportuario presentado esta semana por el ministro de Fomento, José Blanco. Hace dos años, más de un centenar de académicos, la Cámara de Comercio de Barcelona con su presidente Miquel Valls al frente, expertos del sector y empresarios a título personal pidieron, en un acto celebrado en el IESE, el traspaso a la Generalitat y a las Cámaras de Comercio de la gestión del aeropuerto de El Prat con el objetivo de que esta infraestructura se gestione de manera autónoma y desde la proximidad.

Este clamor no está recogido en la propuesta elaborada por Blanco, que deja en manos estatales la decisión estratégica del funcionamiento de El Prat, como decidir si sube o baja las tasas en función de la demanda, cómo distribuye las rutas a las aerolíneas o la aprobación de destinos e inversiones. Ahora, los empresarios catalanes esperan constituir un frente para modificar el texto legislativo en su trámite parlamentario.

“La propuesta lanzada por Blanco es un anteproyecto de ley que debe seguir su trámite parlamentario, pero es insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los agentes económicos y la sociedad civil catalana, que espera mayor participación en la gestión de El Prat. Es un primer documento que esperemos deje margen de confianza para modificarlo”, aseguran a El Confidencial fuentes oficiales de la patronal catalana Fomento del Trabajo. El presidente de los empresarios catalanes, Joan Rosell, avala estas tesis y las fuentes oficiales de la patronal aseguran que “se trata de un proyecto de ley y quedan trámites para realizar aportaciones y mejoras. Podemos comenzar de una manera y acabar de otra”. En opinión de la patronal catalana, lo relevante es mejorar la gestión de nuestro aeropuerto, al igual que la de Madrid-Barajas, para competir no entre ellos, sino con los aeropuertos de París, Londres y Roma.

La Cámara de Comercio de Barcelona, que aspira a tener un papel decisivo en la gestión aeroportuaria de El Prat (como ocurre en los aeropuertos de Francia y Alemania, donde los empresarios territoriales deciden en la gestión,) también rechaza el texto presentado por Blanco. Su presidente, Miquel Valls, declara que “a la espera de analizar íntegramente el documento, la primera impresión es que no estamos de acuerdo en que el texto no alcance las aspiraciones de los empresarios. Para relanzar el aeropuerto de El Prat y diseñar el futuro de sus rutas transoceánicas sin pasar por Madrid es importante que se dé más peso a los empresarios y a las empresas privadas en la gestión del aeropuerto y no que el ente estatal Aena controle el 51% de la gestión de El Prat”, sostiene.

En contra del texto de Fomento se pronuncia también el presidente del Puerto de Barcelona, Jordi Valls. “El documento es insuficiente y espero y confío que se modifique en el trámite parlamentario. Lo importante es la gestión, más allá de las intenciones políticas -asegura Valls- y tanto el Puerto de Barcelona como el Aeropuerto de El Prat siempre serán un bien público, sean de una Administración u otra”.

Remodelación compleja

A las voces contrarias se suma también la concesionaria de infraestructuras Abertis –participada por Criteria y ACS-, que ve reducidas sus aspiraciones de entrar en la gestión de El Prat, tal y como ya hace con el aeropuerto londinense de Luton. El director de Operación y Negocios de Abertis, Josep Martínez-Vila, lanza un mensaje al ministro Blanco: “Es fundamental la interrelación del Aeropuerto con el territorio y las decisiones se tienen que tomar en Barcelona”. Y añade: “Lo que está claro es que no entraremos a invertir en una infraestructura donde no podremos ser decisivos. Para nosotros, el nuevo modelo aeroportuario del Gobierno no es el marco adecuado para invertir". El nuevo modelo contempla la entrada del capital privado en la nueva Aena. Los operadores del sector podrían tomar hasta un 30% del capital, pero no serán relevantes en la gestión.

La remodelación de Aena es compleja. Según el texto presentado, el Ministerio de Fomento dividirá la actual sociedad estatal Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en dos entidades: Navegación Aérea, que seguirá en manos del Estado central para temas de seguridad, y Gestión Aeroportuaria, que se abre a accionistas privados minoritarios. La red de aeropuertos se integrará en una sociedad mercantil estatal, en la que la Administración central tendrá el 70% del capital y el 30% restante, como máximo, se abrirá a la iniciativa privada, ya sean operadores especializados -de Abertis a Ferrovial o FCC- o financieros. De ese holding colgarán un grupo de sociedades filiales para aquellos aeropuertos "singulares o de gestión compleja", según la definición de Aena. Por ahora sólo se considera la creación de esas filiales para El Prat, de Barcelona, y Barajas, de Madrid, pero está previsto que también se constituyan en los casos de Palma de Mallorca, Málaga o Alicante.

El capital social de las filiales será 100% propiedad de la Administración central. En la vieja nomenclatura, se calificaba de singulares los aeropuertos con un tráfico superior a 30 millones de pasajeros. Ahora se conceptúa como singular aquellos que "tengan un alto volumen de tráfico, especial complejidad en la gestión y siempre y cuando se garantice su viabilidad económico-financiera".

Pese a que la propiedad íntegra corresponde a la Administración central, los consejos de administración de estas filiales se abren a las comunidades autónomas. Aunque el organigrama definitivo se fijará en un real decreto que se aprobará en el primer semestre del año, está previsto que un 51% de los miembros del consejo de administración estén nombrados por la Administración central, un 39% por los organismos territoriales y un 10% queda reservado a representantes de las empresas privadas que entren en la matriz. Dentro de ese 39%, deberán acomodarse los representantes de los Gobiernos autonómicos, los Ayuntamientos y las Cámaras de Comercio. Es en esta mayoría del 51% que queda en manos del Estado, y por tanto las decisiones concretas sobre El Prat se decidirán en Madrid, donde está la principal oposición de los empresarios catalanes.