UDC dice que el Tribunal de Cuentas no la ha multado y que hay una persecución contra ella

La sanción de 271.000 euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) no existe. Eso es lo que replica el partido que encabeza Josep Antoni Duran Lleida. “Hay elecciones dentro de unos meses y CiU debe ir muy bien. Por eso nos sacan esto ahora”, dice una fuente de la formación democristiana a El Confidencial. Según las informaciones del Tribunal de Cuentas, UDC recibió en el año 2006 una donación que triplicó el límite establecido en la ley que regula las docaciones a los partidos. Esta donación, de 196.000 euros, según el partido son en realidad, cuatro donaciones, lo que implica que ninguna supere los 60.101 euros que, como máximo, se puede regalar a cualquier formación.

 

El Tribunal de Cuentas no piensa de la misma manera. Según el informe que acaba de realizar, UDC recibió en el año 2006 más de 1,6 millones de euros en donaciones, de los que algo más de 60.000 euros corresponden a donaciones nominales y, el resto, a donativos anónimos. El informe del tribunal destaca que “no se considera suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja del importe de 196.000 euros a efectos contables. En consecuencia, este Tribunal estima que existe una infracción que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica, está sancionada con una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este cadso se cuantifica en 271.797,58 euros”.

En la formación de Duran Lleida, sin embargo, se insiste en que este extremo no es cierto. “No tenemos ninguna multa. No hay un procedimiento sancionador. El informe del Tribunal de Cuentas no dice en ningún momento que Unió tenga que pagar 271.000 euros”, dice la misma fuente. Y añade que “no hemos recibido ninguna notificación. Además, nos hemos enterado por la prensa de que ha habido una infracción”. El partido estudia las medidas a tomar ante esta situación. “El mismo informe -dice la fuente citada- habla de serias dudas sobre la condonación de un crédito al PSOE. Y resulta que sólo se habla de UDC”. Pero el propio Tribunal relata en un anexo que “el partido Unió Democràtica de Catalunya ha remitido alegaciones complementarias indicando el nuevo tratamiento contable realizado al registro de estas donaciones, cuestión ésta que no modifica la opción recogida por el Tribunal en este informe”.

Pero lo cierto es que la fiscalía tiene abierta una reciente investigación sobre las finanzas de la formación democristiana porque uno de sus proveedores denunció que cobraba los servicios prestados a la misma a través de una red de empresas ajenas a Unió o que, en teoría, no tenía nada que ver con ella. En otras palabras, una simple estratagema de financiación ilegal.

Una de las bazas más sólidas que tiene la fiscalía es una serie de emails entre el propietario de las empresas bajo sospecha (es decir, las que pagaban las deudas de UDC) y el diputado democristiano Josep Sánchez Llibre, que ha negado su implicación en los hechos. Las empresas en cuestión habían sido creadas por directivos de la fundación Catalunya i Paisatge, cuyo máximo ejecutivo es Josep Boqué, ex director general de Consumo de la Generalitat en lo años 90, cuando gobernaba CiU. La fiscalía cree las empresas que trabajaban para UDC debían cobrar a través de la fundación o bien de las empresas que dos de sus directivos habían creado.

Josep Boqué denunció a dos ex altos cargos como los repsonsables del desbarajusta contable de la fundación. Ambos fueron despedidos de la entidad. Uno de ellos era Joan Albert López Sans, tesorero, mientras que Miguel Ángel Cortés era patrón. Según Boqué, habían formalizado préstamos de la fundación al conglomerado de emrpesas que habían creado sin que los demás directivos lo supiesen y detraían dinero de la entidad fraudulentamente.

El pool de empresas, que han dejado también un reguero de deudas con las administraciones públicas -cientos de miles de rusos a la Seguridad Social o al Ayuntamiento de Barcelona- se encuentran prácticamente en quiebra y han ido presentando concursos de acreedores desde el año 2008. Además, UDC había alquilado ocho locales de sedes comarcales al holding desde hacxe casi una década pero no había pagado nunca ni un céntimo por estos alquileres.