El Supremo acapara el debate político con el futuro de Camps, Bárcenas y Garzón

Las decisiones del Tribunal Supremo se han convertido en asunto de Estado y sus magistrados, en protagonistas de la vida pública. En sus manos está el destino de Francisco Camps, Luis Bárcenas o Baltasar Garzón y, por ende, el futuro político de la Comunidad Valenciana, la credibilidad de la tesorería del PP y la independencia del Poder Judicial. El Alto Tribunal ha sustituido al Parlamento como escenario principal del debate político, donde medios de comunicación, partidos políticos,  juristas y organizaciones de toda clase se han lanzado a dirimir sus diferencias.

La presión sobre la Sala de lo Penal ha sido especialmente asfixiante en los últimos días, tras la decisión de sentar a Garzón en el banquillo. Sin embargo, los múltiples actos y declaraciones a favor del juez por parte de miembros del Gobierno, del PSOE, de sindicatos y de artistas, dirigidos a erosionar a los magistrados del Supremo, han acabado por hacer mella en la defensa del juez imputado. Así lo reconoció su abogado, Enrique Molina, quien aseguró que estas manifestaciones “le perjudican” al “perturbar el sosiego del Supremo”.

Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional, conoce la psicología de los magistrados mejor que el conglomerado de la izquierda que ha acusado al Alto Tribunal de complicidad con las torturas franquistas. Según fuentes próximas a la Sala de lo Penal, los jueces están tomándose con “tranquilidad” su nuevo rol protagónico, aunque reconocen haber pasado una etapa de “sorpresa” y de “indignación” por los ataques padecidos.

Además de la intensa campaña del grupo Prisa, en el Supremo ha dolido sobre todo la actitud del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (“El Supremo ha optado por ponerse en manos de Falange”) y del también juez del Supremo José Antonio Martín Pallín (“Los genocidas están tratando de perseguir al juez”). Según las citadas fuentes, está en juego el prestigio de la institución y de sus magistrados, el único valor con el que cuentan para realizar su trabajo: “Se está haciendo mucho daño al Estado de Derecho”. Un prestigio que va unido a la independencia de la Justicia, y que obligó al Consejo General del Poder Judicial a expresar su “preocupación y tristeza” por los ataques al Supremo.

Como respuesta, los magistrados se han conjurado para no dar muestras de debilidad. No sólo anularon la insólita convocatoria para periodista prevista para el viernes, sino que en la última reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal, dedicada a evaluar “recientes acontecimientos que afectan al Poder Judicial”, decidieron no adoptar ningún acuerdo, “por estimar que el ejercicio independiente de su jurisdicción no resultará perturbado, y que corresponde a todos los poderes del Estado preservar el orden constitucional”.

Un mensaje de entereza que puede tener su continuidad en las decisiones de la Sala de lo Penal. Según las fuentes consultadas, los magistrados evitarán redactar votos particulares que alimenten las críticas externas o muestren alguna fisura interna, y dejarán las discrepancias para las reuniones a puerta cerrada. Por tanto, las decisiones sobre asuntos como Garzón seguirán tomándose con el respaldo de toda la Sala.

El ‘caso Gürtel’ en Madrid y Valencia

Y es que la teoría montada para defender a Garzón, según la cual los magistrados del Alto Tribunal están al servicio del franquismo, e incluso del PP para vengar el caso Gürtel, choca con la investigación del Supremo sobre la implicación de Luis Bárcenas y Francisco Camps en la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. El jueves, la Sala de lo Penal admitió el recurso de los socialistas valencianos y de la Fiscalía contra el archivo de la causa por los trajes que El Bigotes habría regalado a Camps y otros miembros del PP.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró que los “agasajos” de la trama no constituían un delito de cohecho, pero ahora el Supremo puede enviar de nuevo la causa a esta comunidad para que Camps y Ricardo Costa se sienten en el banquillo. Además, el PP contiene la respiración ante la situación de Bárcenas, ya que los últimos detalles conocidos del  sumario del caso Gürtel afianzan las sospechas sobre el ex tesorero. Otro aforado del PP, el diputado nacional Jesús Merino también está  siendo investigado por su relación con la trama.

Todo un conjunto de procesos cargados de polémica que ninguna iniciativa en el Congreso de los Diputados o del Gobierno ha podido eclipsar. El Supremo ha acaparado los titulares, los focos y los lemas de las pancartas. Irónicamente, sólo otro Tribunal parece capaz de hacerle sombra: el Constitucional y la batalla del Estatut.