Con el respaldo del Gobierno, Garzón intenta dar esquinazo al TS y al CJPJ

Enésima maniobra del juez Baltasar Garzón para intentar dar esquinazo al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y evitar su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional. La treta consiste esta vez en pedir al propio CGPJ su traslado a la Corte Penal Internacional de la Haya, donde trabajaría como asistente del fiscal argentino Luis Moreno. La operación necesita del respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores como asunto “de interés” para el Estado español. La Permanente del CJPG dará hoy acuse de recibo a la petición, e iniciará los trámites del expediente administrativo pertinente.

Garzón podría, a pesar de todo, no salirse con la suya. En efecto, la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la causa sobre la Memoria Histórica, en torno a la apertura de juicio oral contra el juez se considera inminente, desde luego dentro de esta misma semana, por lo que si Varela decidiera sentarlo en el banquillo antes de que se le concediera el traslado, al CGPJ no le quedaría más remedio que suspenderle en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En medios judiciales se daba por descontada la maniobra de Garzón hace tiempo. Agotados todos los recursos legales, en la propia Audiencia Nacional era lugar común que el juez pasaría a situación de excedencia voluntaria para no dar al CGPJ el “gustazo” de la suspensión cautelar. Un reto en toda regla que tiene sustento legal en el Capítulo VII (De la situación de los Jueces y Magistrados), artículo 351, apartado B, de la citada LOPJ, que deja escaso margen al CGPJ para denegar la petición.

El mencionado artículo, en efecto, señala que “Los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales (…) cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores”.

El texto del mencionado artículo permite intuir los pasos dados por Garzón, previo compromiso pactado con Miguel Ángel Moratinos o con el propio Rodríguez Zapatero, para eludir sus responsabilidades, pasos centrados en la petición de ayuda al fiscal jefe de Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, su amigo personal: ayuda o favor, tras los muchos realizados por el propio Garzón a jueces argentinos, en forma de “invitación” para trabajar a su lado en La Haya como "consultor externo", y poder así dar esquinazo en Madrid a la suspensión.

La redacción del 351-B deja, en opinión de fuentes jurídicas consultadas por este diario, escaso margen al CGPJ para denegar la petición de juez en tal sentido. Estando clara la estrategia perseguida, y el acuerdo previo con el Gobierno Zapatero, resultará difícil para el CGPJ alegar que se trata de un fraude destinado a evitar la suspensión, puesto que esa suspensión no es una sanción en sí misma sino una consecuencia de los procesos abiertos contra el magistrado por posible prevaricación hasta en tres causas distintas.

Garzón puede haber perdido un tiempo precioso

La cuestión, con todo, es si un juez o magistrado en situación de “servicios especiales” puede ser también suspendido tras la apertura del correspondiente juicio oral, teniendo en cuenta que, al margen de su estadía en institución internacional, sigue estando sometido a la potestad del CGPJ. Los expertos no se ponen de acuerdo. El artículo 348, con todo, es taxativo: “Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo; servicios especiales;  excedencia voluntaria; suspensión de funciones, y excedencia por razón de violencia sobre la mujer”. En una situación, pues, pero no en dos.

Mucho más relevante es el hecho de que Garzón podría haber tardado demasiado tiempo en preparar su “tocata y fuga”, teniendo en cuenta que la decisión del instructor Varela sobre la causa de la Memoria Histórica se considera inminente. La Permanente de hoy del CGPJ dará acuse de recibo a la petición del juez y abrirá el expediente administrativo pertinente con la petición de dos informes: el pertinente de Asuntos Exteriores, y otro más del Servicio de Personal Judicial, en base a los que la propia Permanente tomará su decisión al respecto.

Pero si la decisión de Varela de abrir juicio oral se produjera esta misma semana, como se da por hecho, el Consejo General del Poder Judicial tendría que llevar la suspensión cautelar del polémico juez al pleno del próximo miércoles, 19 de mayo, y aprobarla de forma automática como marca la ley, antes de que aquel expediente administrativo haya sido resuelto. ¿Quién llegará antes?