El Tribunal Supremo reabre la causa contra Camps por el caso de los trajes

El peor de los escenarios posibles se ha abierto para el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.  El Tribunal Supremo ha decidido devolver al Tribuenal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) la causa contra el presidente de la Generalitat y otros altos cargos de su administración por el caso de los trajes supuestamente regalados por la empresa Orange Market, vinculada a la trama Gürtel.

 

Los cinco magistrados del Supremo han decidido aceptar los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE valenciano (PSPV) contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el TSJV de sobreseer la causa.

Es la peor de las hipotesis posibles con las que trabajaba el Partido Popular y supone, como reconocían ayer a este diario fuentes muy cercanas a Mariano Rajoy, la llegada de un nuevo escenario muy complejo en el que cualquier decisión va  ser muy difícil para la Dirección del partido, pues se trata de actuar contra todo un barón autonómico. “Si el Supremo reabre el caso se nos va a caer encima una muy gorda”, señalaba, textualmente, una fuente muy  cercana al líder del PP.

A partir de ahora el futuro político del presidente valenciano del PP queda completamente en entredicho, por más que Camps haya dicho en privado que está  dispuesto a “continuar contra viento y marea diga lo que diga el Alto Tribunal”. En Génova 13 son muchas las voces que preferirían que el presidente valenciano presentase motu propio su propia dimisión sin que alargase innecesariamente el viacrucis judicial y mediático que a partir de ahora se abre para él.

Cualquier decisión que se pueda adoptar es mucho más dolorosa para la Dirección del PP que las llevadas a cabo hasta ahora. De entrada porque nadie en Génova, empezando por el propio Mariano Rajoy, quiere creer que el presidente valenciano se haya pringado por unos trajes. Y, segundo, porque cualquier decisión implica debilitar al PPCV. Además, en el PP son conscientes de la necesidad de tomar decisiones, sobre todo cuando el último barómetro del CIS les ha demostraado que la ciudadanía les percibe como un partido muy vinculado a casos de corrupción.

De todos modos, reabrir el caso no conlleva imputación alguna de momento y ése es el listón que se ha puesto el PP para actuar, por lo que a Rajoy le queda aún un estrecho margen de tiempo para tomar decisiones.

En este nuevo escenario, Camps tendrá que ser juzgado en el TSJV por un jurado popular por un posible delito de cohecho impropio. Un tipo penal castigado con pena de multa de tres a seis meses a toda autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

El calendario de comparecencias coincidirá, además, con la precampaña de las próximas elecciones autonómicas, algo que podría ser insufrible para el Partido Popular de la región que podría optar, si Génova lo autoriza, por la elección de un sustituto para Camps. En ese caso, la preferida en las quinielas ha sido siempre la propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aunque suenan también otros nombres como el del vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, o el de Alberto Fabra.

Recurso del fiscal

 

La Fiscalía defiende que el archivo del caso por parte del TSJV fue prematuro porque la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos "acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market", ligada a la red de Francisco Correa.

Considera además el Ministerio Público que el Tribunal Superior valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

Por su parte, los socialistas valencianos alegaron en su recurso que la decisión del alto tribunal valenciano supuso una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" de la que se venía haciendo en este órgano del artículo 426 del Código Penal, que es el que tipifica el cohecho impropio.

Según el PSPV, la interpretación realizada en esta causa por dos de los magistrados del tribunal valenciano -José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa-, es distinta de la que hizo el propio tribunal abril del pasado año, cuando se declaró competente para asumir las investigaciones del caso y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".