La Fiscalía se muestra escéptica con la tregua y cree que ETA no abandonará la violencia

La Fiscalía General del Estado es escéptica a la hora de dar el visto bueno a la tregua anunciada por ETA. En su memoria anual de 2009, el Ministerio Público es tajante al afirmar que la banda terrorista tiene una “permanente vocación” de continuidad en el uso de la violencia terrorista, “eufemísticamente denominada lucha armada”.

Para este organismo, “no parece que la cosas vayan a cambiar”. Hace mención a un comunicado de la banda de abril del pasado año en el que de manera explícita dice que “la desactivación de la lucha armada no soluciona el conflicto político”. Es decir, esta organización no está dispuesta a renunciar a la “política del atentado, del asesinato, de la extorsión, del chantaje y de la amenaza como la ‘única alternativa democrática’ al Estado de Derecho”.

El órgano dirigido por Cándido Conde-Pumpido hace un recuento de catorce atentados, con tres víctimas mortales y 141 detenciones en 2009, a las que se añaden otras treinta en los dos primeros meses de este año en España, Francia y Portugal, lo que está produciendo “un constante y progresivo debilitamiento de la capacidad operativa” con la que cuenta esta organización criminal. Al mismo tiempo, sostiene el texto, estos datos confirman que sigue vigente la predisposición de ETA para continuar con el “recurso de la violencia y el terror”. Por eso, la Fiscalía confirma que el nivel de amenaza presentado por esta banda en España “sigue siendo muy elevado”.

Continúa la extorsión

En 2009, también ha aumentado “paulatinamente” la actividad del chantaje de la banda a través del envío de cartas de extorsión a empresarios exigiendo el impuesto revolucionario. “La coacción y el clima de terror que el grupo terrorista utiliza con este objetivo se vio sin lugar a duda reforzado con el asesinato del empresario Ignacio Uría, acción con la que también pretendía forzar la presión y la amenaza sobre el empresariado vasco y navarro”.

La violencia callejera, sin embargo, ha llevado una tendencia descendente, concretamente 75 acciones, con rebrotes puntuales producidos generalmente como respuesta a las medidas legales contra el entorno político e institucional de ETA.

La “contundente” lucha policial y judicial contra la ‘kale borroka’ ha ido dirigida a evitar el reclutamiento de nuevos miembros por parte de la banda. Según el Ministerio Público, la detención e ingreso en prisión de un importante número de individuos vinculados con estos grupos, que afecta directamente a la ‘cantera de ETA’, reduce el “quantum” de los efectivos humanos con riesgo potencial de integrarse en la banda. Y por ello, que la organización terrorista se encuentra en los niveles más bajos de captación y reclutamiento de toda su historia.

Evitar su presencia en las instituciones

La Fiscalía General del Estado sostiene que se debe evitar de cualquier forma la presencia de ETA en las instituciones. Según explica en la memoria, las últimas acciones han ido dirigidas a evitar la presencia en las elecciones locales de 2011 de “cualesquiera partidos, formaciones políticas, agrupaciones electorales o asociaciones vinculados con el entorno de ETA o que acepten ser instrumentalizados en beneficio de la estrategia de la organización terrorista”.