El Gobierno entrega al País Vasco las competencias para controlar los bancos

Nueva vuelta de tuerca al Estado autonómico. El pacto de legislatura firmado entre el grupo socialista y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) incorpora una novedad importante. A partir de la segunda mitad del año que viene, el Gobierno vasco -también el de Cataluña- podrá supervisar las actividades de todas las entidades financieras y no sólo, como hasta ahora, de las cajas de ahorros y de las cooperativas de crédito.

El Ministerio de Economía se ha comprometido, en concreto, a que durante el segundo semestre  de 2011 esté ya en vigor una reforma de la ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito que dará poderes sancionadores y de supervisión al Gobierno vasco. Esta potestad, con carácter general, se aplicará también a las comunidades que han incorporado en sus estatutos de autonomía la correspondiente competencia.

El acuerdo forma parte del pacto de legislatura firmado con los nacionalistas vascos, y tiene su amparo legal en una vieja sentencia del Tribunal Constitucional –tiene 14 años de vida- que ningún Gobierno se ha atrevido a cumplir. Y que siempre ha contado con el recelo del Banco de España, a quien el TC obligó en 1996 a compartir sus tareas de supervisión y sanción. Esa obligación, sin embargo, siempre fue papel mojado.

Lo más curioso es que el propio TC habla en su sentencia que “esta tarea legislativa que corresponde a las Cortes debe ser llevada a término dentro de un plazo de tiempo razonable y, evidentemente, debe respetar el orden constitucional de competencias en la materia”.  Desde la presentación del recurso han pasado nada menos que 22 años.

El TC, en concreto, declaró contrario al orden constitucional el artículo 42 de la ley de disciplina e intervención, y el argumento que dio es que el Banco de España no podía tener el monopolio de la supervisión bancaria. En su opinión, esto supondría “lisa y llanamente”, asegura la sentencia, “el total vaciamiento de la competencia autonómica previamente reconocida y asumida en los estatutos de autonomía”.

Legislación básica

La sentencia del TC recuerda que “son las Cortes Generales a quienes corresponde, en primer lugar, determinar cuál haya de ser la legislación básica en materia de disciplina e intervención respecto de aquellas entidades de crédito que no son cajas de ahorros o cooperativas de crédito”. Y el hecho de que en la ley no aparezca de forma taxativa el nombre los bancos privados no significa que sean ajenas a esta competencia.

El Constitucional reconoció en su sentencia la existencia de lo que llama “dualidad competencial”, pero deja  bien claro que  cuando una comunidad autónoma ha asumido el desarrollo legislativo de las bases de la ordenación del crédito y la banca, cuya fijación es competencia del Estado, «es necesario tener en cuenta que el establecimiento por parte del Estado de las bases de la  ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de la Comunidad».

Por el contrario, el TC tumbó la pretensión de los demandantes de que el Banco de España no tuviera la obligación de emitir un informe de carácter preceptivo con ocasión de un expediente instruido por las CCAA con competencias para ello (en cajas de ahorros y cooperativas de crédito) por infracciones graves y muy graves. Según el TC, ese informe estatal a la  propuesta de resolución sancionadora no suplanta ni predetermina el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las autoridades autonómicas.