Otegi rechaza la violencia y el tribunal “desinfla” el testimonio de Eguiguren

Como en las películas, lo mejor vino al final. En su alegato, previo al “visto para sentencia”, Arnaldo Otegi dijo lo que no le dejaron decir el día anterior, que “rechaza (utilizó el plural, rechazamos) el uso de la violencia para imponer un proyecto político”. Parte del público rompió en aplausos y el juez ordenó su desalojo, pero para entonces ya estaba todo el pescado vendido. La decepción vino con el testimonio de Jesús Eguiguren, presidente del PSE, muñidor del último proceso de paz, que había sido citado por la defensa y a quien el presidente del tribunal, el magistrado Fernando García Nicolás, no dejó explicar sus contactos con Otegi, pese a la insistencia de la abogada Jone Goirizelaia.

 

Hasta el alegato final de Otegi, que obviamente buscaba el impacto que tuvo en los periodistas que cubríamos la vista, la sesión había sido bastante anodina al haberse “desinflado” las expectativas que había generado la comparecencia de Eguiguren. La letrada de la defensa intentó por activa y por pasiva demostrar que el acto celebrado por la izquierda abertzale en el velódromo de Anoeta el 24 de noviembre de 2004 se celebró en un contexto de contactos entre el presidente del PSE y el líder de Batasuna; que era conocido por el PSOE y por el Gobierno, que dejaron hacer, y que la propuesta que allí presentó la izquierda abertzale fue el preludio del proceso de paz de 2006. No lo consiguió.

 

El líder socialista se limitó a decir que conocía la celebración del acto, “como media España”, porque lo habían divulgado los medios de comunicación, y que sabía en el transcurso del mismo la izquierda abertzale iba a hacer pública una nueva propuesta de paz, cuyo contenido desconocía. La propuesta en cuestión fue hacer pública su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas, y reclamar la constitución de dos mesas de diálogo, una entre los partidos políticos, y otra entre el Gobierno y ETA, para resolver el denominado conflicto vasco. Y punto y final.

 

Otros testigos menos relevantes pero no por ello menores

 

Antes había declarado el preso etarra Sergio Lezcano, que fue contratado por la empresa que se encargó del montaje del escenario y de la organización técnica del mitin. La defensa pretendía demostrar que ninguno de los tres acusados intervino en los preparativos, ni sabían de la proyección de un vídeo con fotos de etarras, ni tuvieron que ver con los gritos a favor de ETA que se profirieron en el recinto.

 

Las declaraciones del periodista del diario Gara Iñaki Iriondo, y del director de Cambio 16, Gorka Landáburu, víctima de un atentado de ETA, versaron en torno a lo acontecido en el interior del recinto (en el caso del primero) y en la información que Otegi y Permach trasladaron el día previo al acto a un grupo elegido de periodistas sobre el contenido de la propuesta que iban a hacer (en el caso del segundo).

 

Los peritos de la Guardia Civil que testificaron ayer, que además estuvieron dentro del recinto el día de los hechos, contaron la proyección de ochenta fotos de etarras, aunque en la causa sólo aparecen identificados catorce. Íñigo Iruin, abogado también de la defensa, dijo que se proyectaron exactamente 93 fotos (no dijo que fueran de etarras) sin ninguna identificación. Su proyección, dijo el letrado, duró exactamente dos minutos y veinte segundos, para restar relevancia a la secuencia dentro de un acto que duró tres horas. Lo suyo fue un tira y afloja.

 

Acusaciones y defensa, cada uno en su papel

 

Llegado el turno de las calificaciones, la fiscal Teresa Sandoval elevó a definitivas sus conclusiones y la petición de 18 meses de cárcel para los acusado. “Es innegable”, dijo, que tenían “pleno dominio funcional del acto”, en el que se “exaltó y loó” a miembros de ETA y a la propia banda. La representante del ministerio público dijo que la vista un delito de enaltecimiento del terrorismo, no el contenido político del acto ni la propuesta que se hizo pública. “No se trata –aclaró- de criminalizar opiniones políticas, aunque vayan contra el Estado”. Más o menos lo mismo que dijo el letrado de la acusación popular: “no se enjuicia la propuesta de la izquierda abertzale, ni si ésta estaba tutelada o no por ETA”. Para ambos, los acusados son culpables.

 

Jone Goirizelaia e Íñigo Iruin demostraron su veteranía en causas de terrorismo y su excelente oratoria, e hicieron una completa disección de las pruebas obrantes en la causa y lo acontecido en la vista. La letrada insistió en que no se puede prescindir del contexto en el que se celebró el acto. “Hay conversaciones entre partidos políticos. Se están dando pasos y cada parte tiene que hacer gestos. Ese es el contexto y por eso era importante la declaración de Jesús Eguiguren. Las cosas no pasan porque sí”.

 

La letrada dijo que a los acusados se les aplicaba un “derecho penal de autor”. Es decir, que no se juzga tanto lo ocurrido, sino a los protagonistas, y que por eso fiscal y acusación “no necesitan acreditar los hechos”. Goirizelaia planteó una duda interesante: ¿por qué no se imputó a Itziar Aizpurúa y Jon Idígoras (también conocidos miembros de Batasuna) pese a que ambos intervinieron en el mismo acto? Era su exposición y, obviamente, nadie iba a contestar, pero ahí quedó la cuestión. Pidió, como su compañero, la absolución.

 

Otegi se pone de pie

 

Y llegamos al final de la vista, el momento por el que se inicia esta crónica. Otegi pidió a tribunal hacer su alegato de pie (las declaraciones se hacen sentado ante el micrófono) y todos empezamos a tomar notas. “Las cuestiones políticas no se resuelven en los tribunales”, empezó diciendo, para después lamentar que se haya levantado “un muro de sordera” sobre lo que está diciendo la izquierda abertzale, para llegar a la esperada traca final: “Vuelvo a reiterarme en las declaraciones que hice a El País. Quiero volver a reseñar con carácter absolutamente claro, nítido, prístino, que nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político”. Visto para sentencia.