El sustituto de Garzón se une a la Fiscalía para entorpecer las causas contra el juez ‘estrella’

Baltasar Garzón ha encontrado en la Fiscalía un apoyo incondicional en las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. A este espaldarazo hay que añadir el de su sustituto en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que comparte el criterio del ministerio público para que su antecesor salga airoso en los procesos que hay contra él por prevaricación. Por eso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha archivado, tal y como le ha solicitado el fiscal, una querella interpuesta contra el ex fiscal de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por calumniar e injuriar a los magistrados del Tribunal Supremo que investigan a Garzón.

Pablo Ruz considera que las palabras de Villarejo en un acto en la Universidad Complutense de Madrid a favor del juez imputado, en el que tachó de fascistas a los magistrados, forman parte de la libertad de expresión. Durante su discurso el pasado 13 de abril, el ex representante del Ministerio Público espetó que los magistrados del Supremo han dado un “golpe brutal a la democracia”, se han convertido en “un instrumento al servicio de la actual expresión del fascismo español” y se han puesto “en manos de los corruptos”. Para Ruz, con estas expresiones no se produce una imputación clara, terminante y directa sobre los magistrados del Supremo y por tanto, no se ha cometido un delito de calumnias contra Altos Organismos del Estado.

Para defender a Garzón, Ruz se enfrenta al propio Alto Tribunal, que le ordenó que investigara a Villarejo por ultraje y calumnias. Los magistrados del Supremo están soportando intensas críticas por parte de algunos sectores desde que se inició la investigación al magistrado por la causa de la Memoria Histórica. Garzón está imputado por un delito de prevaricación por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no era competente.

Ruz señala en su auto de sobreseimiento libre que la contundencia verbal de algunos de los sustantivos o adjetivos empleados por el denunciado para calificar la actuación de los jueces del Supremo no debe ser investigado necesariamente por el Derecho Penal, sino que deben quedar al amparo de la libertad de expresión.

En el auto, el instructor apoya la posición de la Fiscalía que dice que las palabras de Jiménez Villarejo deben enmarcarse dentro de la crítica a los poderes públicos, que están sometidos a la legítima defensa, “máxime cuando sus decisiones generan infinita controversia y vivo debate”. El denunciado vinculó a los jueces que formaron parte del Tribunal de Orden Público cómplices de la tortura “con la actual composición del Supremo sobre el que se ciernen las sombras de la dictadura”.

La denuncia se interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que el delito era competencia de este órgano judicial.

La querella recayó por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que decidió no admitirla. Finalmente, la cuestión de competencia la tuvo de dirimir el Supremo, que concluyó que tenía que ser Ruz quien lo investigue porque le corresponde el conocimiento de los delitos contra Altos Organismos de la Nación.