La huelga de los indignados sería ilegal sin la convocatoria de UGT y CCOO

Los indignados han puesto en jaque a los partidos políticos, y ahora amenazan con vaciar el papel de los sindicatos convocando una huelga general. Las manifestaciones del pasado domingo terminaron con un llamamiento para celebrar un paro que “cambie esta sociedad”, al margen de las centrales sindicales. La propuesta ha tomado por sorpresa a UGT y CCOO, que por ahora no están dispuestas a ir a la huelga, y ha preocupado a los empresarios. No obstante, el Movimiento 15- M necesita la cobertura de los sindicatos para que el paro sea legal, y los trabajadores queden así protegidos por el derecho a la huelga.

Hasta ahora, los indignados han sabido superar las trabas legales para acampar en las plazas, protestar durante la jornada de reflexión o manifestarse ante las sedes de parlamentos y ayuntamientos. Pero está por ver si Gobierno y patronal, en el actual contexto económico, reconocen a este movimiento la facultad de convocar una huelga general. Pese a que se trata de un derecho reconocido, la normativa no está apenas desarrollada, y se remonta a un real decreto de 1977, en plena Transición.

Esta norma establece que una huelga es ilegal “cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés de los trabajadores afectados”. Asimismo, “cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de los trabajadores afectados”. De acuerdo con Federico Durán, profesor de Derecho del Trabajo y director del Departamento Laboral de Garrigues, “un movimiento social no puede convocar ni llevar a cabo el procedimiento exigido”.

Entre otras cosas, los indignados necesitarían a los sindicatos para crear un comité de huelga, activar los comités de empresa o notificar el paro oficialmente y con suficiente antelación tanto a las empresas como a la Administración. Además, según Durán, toda la jurisprudencia sobre el ejercicio de este derecho se remite a huelgas laborales, e  incluso las generales que se han llevado a cabo en contra de determinadas leyes, han sido motivadas por un cambio en la legislación laboral o social.

“Para las reivindicaciones políticas, como las del Movimiento 15-M, existen otros derechos, como el de manifestación. Por tanto, no sería una huelga, sino una protesta política, como las llamadas huelgas revolucionarias que se convocaban durante el franquismo”, señaló Durán. Por ello, este experto que presidió el Consejo Económico y Social entre 1992 y 2001, advierte que los trabajadores no quedarían amparados por el derecho a la huelga, por lo que podrían padecer las consecuencias de faltar un día al trabajo.

Los sindicatos no prevén otra huelga

Sin embargo, los indignados parecen decididos a “parar el país”, por lo que han pedido que se trabaje en las asambleas de barrio para preparar la huelga general para después del verano. Una idea que no ha sido acogida con entusiasmo en las centrales sindicales. El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, aseguró que el sindicato no tiene previsto convocar un paro general y se remitió al acto de delegados sindicales que están preparando para el mes de septiembre. Desde UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, recordó que ya ha habido una huelga general, que desembocó en el Acuerdo Económico y Social, y afirmó que su organización está centrada en recuperar el diálogo social.

En cuanto a los partidos políticos, el PP se ha mostrado en contra de la celebración de una huelga con la que “España se aísle de Europa y del mundo”, aunque Esteban González Pons se atrevió a situar a su formación como “la solución a la indignación”. Mientras, el PSOE continúa tratando de aproximarse al caladero electoral de los indignados. Así, Marcelino Iglesias señaló que su partido ha tomado nota de las reivindicaciones del 19-J y felicitó a los organizadores por el desenlace pacífico de las marchas. No obstante, la convocatoria de una huelga general puede repercutir en la carrera electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba.