Bono acelera el carpetazo al “caso Seseña” tras la denuncia del Tribunal de Cuentas

El presidente del Congreso, José Bono, tiene sus particulares urgencias de fin de legislatura y la primera es dar carpetazo al “caso Seseña” (el de “el Pocero”) por la parte que le toca. El correspondiente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que incluye la denuncia de la dejación de funciones de la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por Bono) en el escándalo, está en la Cámara, donde se acaba de registrar el primer debate y se votará el próximo día 20 ante las prisas de la tercera autoridad del Estado.

“Hubo dolo”, remachó el representante del Grupo Popular, el senador Juan Ramón de las Heras haciendo énfasis sobre un sustantivo que suena casi igual que el apellido del presidente de las Cortes. Se refería al cúmulo de irregularidades de todo tipo en las recalificaciones y licencias urbanísticas del “caso Seseña”.

El consejero del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, explicó que ante los claros indicios de delito el asunto ha pasado a la sección de enjuiciamiento y a la Fiscalía. Las autoridades locales están en el punto de mira de la Justicia, pero falta por ver las responsabilidades del gobierno de la comunidad autónoma que autorizó o no vio irregularidad alguna en una macro operación urbanística impulsada por el constructor Francisco Hernando “El Pocero”que afectaba a 5 millones de metros cuadrados de un término municipal para construir 25.800 viviendas en los límites de la provincia de Toledo con Madrid.

De las Heras insistió en destacar que una localidad con 2.000 habitantes no se puede meter en semejante operación porque, entre otras cuestiones, no tiene competencias para ello, dado que la planificación y el urbanismo dependen de la comunidad autónoma, que es la instancia que falló en el caso al no enterarse de nada. En el caso de Castilla-La Mancha su presidente fue José Bono en todo el desarrollo del proyecto y las relaciones entre el actual presidente del Congreso y el constructor eran públicas. El senador no dio nombres pero reiteró que si hay delitos imputables a los concejales y al alcalde de Seseña, también hay que reclamar responsabilidades a la autoridad autonómica de esa etapa.

Bono a través del Grupo Socialista, ha impuesto en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas el trámite del carpetazo urgente. En junio, después de las elecciones municipales, le entraron las prisas. La oposición quería más tiempo por si el nuevo gobierno autonómico (presidido por María Dolores de Cospedal) y el nuevo equipo municipal de la localidad toledana podían aportar más datos al expediente.

El presidente de las Cortes ha decidido lo contrario y en julio se ocupó de que el informe se viera en las primeras semanas hábiles después de las vacaciones parlamentarias. Si se mantiene el pacto entre el PSOE y los nacionalistas en este tipo de asuntos, la comisión mixta de relaciones Congreso-Senado con el máximo órgano fiscalizador del Estado cerrará el caso, con la correspondiente votación, en su reunión del próximo día 20, una semana antes de que termine la legislatura.