Rubalcaba desdice a Blanco y eleva a 300.000 los afectados por el impuesto del Patrimonio

El impuesto de Patrimonio, que el Gobierno ha convertido en caballo de batalla electoral por indicación del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, comienza a provocar las primeras contradicciones en el seno del partido. El resucitado impuesto tendrá finalmente un mínimo exento de un millón de euros y afectará, según aseguró esta mañana el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, a 90.000 contribuyentes. Al final, y como siempre se ha venido manteniendo, una medida más simbólica que efectiva para las arcas públicas. Sin embargo, pocas horas después Rubalcaba ha cifrado en torno a los 200.000 ó 300.000 el número de ciudadanos que tendrá que pagar a Hacienda, aunque ha eludido referirse ni concretar qué mínimo exento tendrá.

"Lo decidirá el Consejo de Ministros", ha recalcado, antes de ironizar con el hecho de que haya dirigentes políticos que "ya se quejan" porque haya sido él quien haya propuesto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la reposición de este impuesto. Ha asegurado que tomó esa decisión porque es "más justo y más sensato" que una persona que tenga un patrimonio "de tres o cuatro millones" de euros pague, por ejemplo, para fomentar el empleo juvenil. "Creo que es razonable y es justo. Estamos hablando de 200.000, de 300.000 personas", se ha limitado a señalar sobre el número de ciudadanos que contribuirán a Hacienda con este impuesto y antes de recalcar que "ese esfuerzo se tiene que hacer".

El candidato socialista ha añadido que, si es elegido presidente, reformará este impuesto, porque "tiene algunas lagunas" pero ha defendido su reposición porque "nos sirve provisionalmente" y conseguirá que las arcas públicas tengan más dinero "el año que viene". "¿Es más de izquierdas? Creo que es más justo y más sensato", ha señalado Rubalcaba quien se ha referido a la situación por la que atraviesa la economía española.

"No se persigue a la clase media"

Por su parte, Blanco, en declaraciones a la Cadena Cope, ha pedido esperar al próximo viernes para conocer los detalles de la decisión que adoptará el Consejo de Ministros y ha negado que, con ella, se esté persiguiendo a la clase media. "Aquí no se persigue nada. Se trata de que la gente que tiene grandes patrimonios contribuya a la Hacienda pública", ha señalado. Mientras el ministro daba por seguro la recuperación del impuesto, en el Congreso, la vicepresidenta económica Elena Salgado seguía jugando con la incertidumbre y daba a entender que no había nada decidido.

Blanco ha explicado que en 2007, el último año de la aplicación de un impuesto que este mismo Gobierno socialista decidió retirar porque, aseguraban, repercutía en las clases medias, el 75% de la recaudación procedía del 25% que lo pagaban. Es decir, que una cuarta parte de los que lo pagaban contribuían con 1.400 millones de los 2.000 que se recaudaban. "Eso son gente que tiene grandes patrimonios y grandes fortunas. Y si hay algunos que consideran que los que tienen grandes patrimonios y grandes fortunas no deben de contribuir y que es mejor, por ejemplo, suprimir profesores, como se está haciendo en Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia, que lo digan", ha remachado el ministro, con un claro mensaje electoral. En la Cámara, Salgado también ha insistido en ese mismo rumbo y ha preguntado al PP si estarán dispuestos a no aplicar el impuesto en sus autonomías mientras se producen otros recortes.

Blanco ha hecho hincapié en que el 70% de los ciudadanos declaran rentas inferiores a los 24.000 euros en el IRPF y ha rechazado las críticas a los efectos de la reposición de este impuesto sobre las clases medias al preguntarse "cuánta gente hay" que tengan un patrimonio superior al millón de euros y, "en caso de que uno esté casado", de dos millones. El Gobierno espera recaudar "más de mil millones al año" por este impuesto, lo cual es "muchísimo dinero".

Por otro lado, Blanco se ha mostrado también a favor de revisar la fiscalidad de la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) “a futuro”, a la vez que abogado por examinar el sistema fiscal español. “Se ha pasado del 18% al 21% (en los impuestos sobre el rendimiento de capital) en las últimas reformas que hizo el Gobierno y yo también sería partidario a futuro si hay que tocar las SICAV”, ha asegurado.