Los directivos de las Cajas andaluzas no podrán ganar más que Griñán ni tener dietas

El Parlamento andaluz ha aprobado definitivamente la modificación de la Ley de Cajas de la comunidad para adaptarla a la nueva legislación nacional. A partir de ahora, el techo salarial de los directivos y miembros de las entidades se fija en un máximo de 81.115 euros, el sueldo de José Antonio Griñán, presidente de la Junta, que se convierte así en referente de “austeridad”. Los representantes políticos se reducen y no podrán compatibilizar cargos en las Cajas con puestos electos o en la Administración.

La nueva legislación que en materia de Cajas se aprueba en Andalucía coincide con los escándalos que se han producido en entidades gallegas o levantinas sobre indemnizaciones, sueldos y pensiones vitalicias, aunque su tramitación se inició hace meses por imperativo legal. Sin embargo, viene a establecer una serie de criterios que tratan de evitar casos como los citados.

De un lado, el sueldo máximo de un directivo o miembro de Caja se establece en la nómina de Griñán, 81.115 euros al año; no se podrán cobrar dietas dobles, es decir, de las Cajas y Bancos a los que estas entidades pertenezcan, ni indemnizaciones paralelas provenientes de estas dos fuentes. El límite del salario no cuenta para los directivos y miembros de las entidades que cobren por el Banco resultante de una fusión y no de la Caja que a él pertenece, ya que la Junta no tiene competencias sobre las entidades bancarias.

El sueldo de Griñán y las excepciones

El sueldo de Griñán se ha convertido en un referente general, ya que en su momento se estableció formalmente también para alcaldes y otros cargos públicos, aunque en algunos casos, como el del director general de RTVA, no se ha cumplido y su titular sigue ganando más que el presidente.

La Obra Social de las entidades tendrán que comprometer fondos con Andalucía de manera proporcional a sus recursos en la región, su composición será proporcional a la del resto de los órganos de la entidad, y la Junta tendrá presencia en ella así como en las funciones que se creen.

Menos políticos, aunque con tiempo para pensárselo

La presencia política en las Cajas se reduce. Las corporaciones locales tendrán un 15 % de representación, en vez del 22%, y la Junta un 12%, reduciendo así en tres puntos su peso. Los demás sectores presentes en los órganos rectores quedan igual, excepto el referido a “otras organizaciones”, en el que figuran empresarios, sindicatos y consumidores, entre otros, que incrementan en diez puntos su presencia, del 8% al 18%.

Los políticos tienen tres años para dejar las cajas en el caso de que sean incompatibles, es decir, estén en las entidades manteniendo un cargo público paralelamente. El PP, a través de su portavoz Carlos Rojas, ha presentado una enmienda para que estos representantes públicos abandonen las entidades desde el primer momento de vigencia de la normativa, pero el PSOE se ha negado.  Y de la misma forma, los socialistas han rechazado que las Cajas emitan informes anuales sobre créditos a partidos y otros colectivos o empresas relacionadas con cargos públicos, así como posibles cambios en las retribuciones, en aras “de la transparencia”, según pedía Rojas.

Esta modificación de le legislación andaluza se hace después de la que se realizó en 2009 con la intención de facilitar la fusión Unicaja-Cajasur, que a pesar del cambio legal se frustró.