Rubalcaba reniega de la SGAE y copia del PP una Agencia de Propiedad Intelectual

El canon digital se convirtió en 2008 en una de las armas electorales de Mariano Rajoy para desgastar a José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno socialista había aprobado el polémico gravamen pese al rechazo social que despertaba, la SGAE celebraba la medida, y conocidos artistas apoyaban al presidente con el famoso gesto de la ceja. Una legislatura después, el PSOE se presenta a las elecciones renegando del canon; Alfredo Pérez Rubalcaba copia al PP la idea de crear una Agencia de Propiedad Intelectual; la SGAE se encuentra bajo investigación judicial; y los creadores progresistas parecen haber migrado hacia otras opciones de izquierda minoritaria.

Los socialistas tratan de cambiar su discurso para desmarcarse de los tres maleficios electorales que les persiguen en internet: canon digital, SGAE y ley Sinde. El PP detectó hace cuatro años los posibles beneficios de oponerse a la tasa y de confrontar con la sociedad de Teddy Bautista, pero el PSOE ha esperado hasta la aprobación de su nuevo programa electoral para reconciliarse con la Red. Tras años de defensa a ultranza del canon, Rubalcaba promete “reformar el actual marco de propiedad intelectual para sustituir el canon digital actual y establecer un nuevo modelo de protección, equilibrando los derechos de usuarios y creadores teniendo presente las iniciativas europeas en esta materia”.

La propuesta fue celebrada por los dirigentes del PSOE más familiarizados con las redes sociales y las nuevas tecnologías, pero se limita a anunciar una sustitución del gravamen sin concretar ninguna alternativa. Además, el canon está ya herido de muerte por dos sentencias judiciales: la primera, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tacha el sistema de “indiscriminado”, e impide que se cobre a administraciones, empresas y autónomos que utilicen soportes informáticos para su actividad profesional. La segunda, de la Audiencia Nacional, anula la orden ministerial que estableció la lista de dispositivos digitales y las tarifas aplicables a cada uno de ellos.

El Gobierno se comprometió a corregir la tasa, pero la ministra Ángeles González Sinde ha continuado bloqueando cualquier cambio, en contra del criterio del titular de Industria, Miguel Sebastián; los fabricantes tecnológicos, los comerciantes y los usuarios. Los socialistas reiteran ahora su disposición a acabar con el canon, pero no admiten cambios en la ley Sinde, que contempla el cierre de páginas web para acabar con las descargas, y que salió adelante gracias al respaldo del PP. En este apartado, el PSOE ha optado por copiar una vieja iniciativa de los populares, que abogan por la creación de una nueva institución de carácter estatal.

Así, el programa socialista ofrece “crar una Agencia de Propiedad Intelectual, con participación de las comunidades autónomas, para integrar en un único organismo los diferentes aspectos de la gestión pública de la Propiedad Intelectual”. No obstante, los socialistas tampoco precisan en qué consitirían sus fuciones, quién formaría parte de la Agencia, y hasta dónde llegarían sus atribuciones para controlar la difusión de contenidos. A priori, podría sustituir a la actual Comisión de Propiedad Intelectual, pero otras fuerzas parlamentarias, como IU o UpyD, han reclamado un organismo estatal que sustituya a la SGAE, y al resto de entidades de gestión, a la hora de recaudar y repartir los derechos de autor.

Indignados contra la 'ley Sinde'

Al margen de la crisis económica, la propiedad intelectual ha sido una de las materias más espinosas para el Ejecutivo socialista durante los últimos años. Tras la imposición del canon digital en diciembre de 2007, el PSOE volvió a desafiar a una buena parte de la opinión pública con la controvertida ley Sinde, que a punto estuvo de costarle el puesto a la ministra de Cultura, y que en un primer momento fue tumbada en el Congreso gracias a una intensa campaña de oposición en la Red. Solo un pacto in extremis de los socialsitas con PP y CiU pudo resucitar la norma en el Senado el pasado mes de enero.

El Gobierno consiguió sacar adelante su propuesta contra la denominada piratería, pero se ganó la enemistad de muchos jóvenes votantes, de los empresarios del sector, y vio cómo se generaba el lema No les votes. Esta corriente nacida en internet se unió posteriormente al movimiento de los indignados del 15-M, ya que propugna que se niegue el voto a los dos grandes partidos, favoreciendo a opciones que se hubieran opuesto a la ley Sinde. Ahora, el PSOE ha corregido su ideario, pero tiene una dura tarea por delante para convencer al electorado de sus nuevas intenciones con respecto a la propiedad intelectual.