Cayo Lara 'fuerza' a los diputados de IU a renunciar al plan de pensiones del Congreso

Cayo Lara, coordinador federal de IU, y el también diputado de la coalición Alberto Garzón renunciaron ayer "a título individual" al plan de pensiones que el Congreso y el Senado suscriben para los parlamentarios y el resto de trabajadores de ambas cámaras. La aportación mensual a dicho plan de previsión social es el equivalente al 10% de la asignación constitucional de sus señorías, que en la pasada legislatura fue de 2.813,87 euros mensuales.

Ambos diputados tomaron la decisión sobre la marcha, cuando al acreditarse como parlamentarios les pidieron que firmaran un impreso como beneficiarios del citado plan (suscrito con el BBVA), que incluye también un seguro de vida y otro de accidentes. Lara y Garzón renunciaron entonces a dicha prestación, que muchas empresas suscriben para sus trabajadores como complemento a su salario. El líder de IU hizo una encendida defensa de las pensiones públicas durante la pasada campaña electoral y ayer dijo que no haber renunciado a la complementaria del Congreso habría sido “una incoherencia”. 

Fuentes del grupo parlamentario dijeron a este diario que la decisión no había sido discutida con anterioridad, y aunque se trata de una opción personal, lo más probable es que otros seis diputados de IU que aún quedan por acreditarse (dos más son de Iniciativa per Catalunya y otro de la Chunta, que concurrieron en las mismas listas)  tomen la misma decisión aunque puedan no estar de acuerdo con ella. Los cargos públicos de IU entregan parte de su salario al partido.

Las pensiones parlamentarias de diputados y senadores fueron objeto de una enorme polémica durante la pasada legislatura, en la que el Gobierno acordó retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación y endureció las condiciones para tener derecho a la pensión máxima. En ese momento sus señorías podían jubilarse a los 60 años de edad con la única condición de haber cotizado durante 40 años a la Seguridad Social, y las Cortes les abonaba la diferencia entre la pensión pública que les correspondiese por sus cotizaciones hasta alcanzar su cuantía máxima.

El presidente del Congreso, José Bono, pidió a los partidos ideas para revisar el régimen económico y social de los diputados y sólo el BNG y Nafarroa Bai pidieron que suprimiera el citado plan de presivión, que no es otra cosa de un plan colectivo y no privado de pensiones para todos los trabajadores de las dos cámaras. Tras aquella ronda de contactos con los grupos parlamentarios, las mesas del Congreso y del Senado acordaron el pasado julio derogar las pensiones parlamentarias, salvo para quienes ya las tuviesen reconocidas o hubieran adquirido el derecho a percibirlas al tener una “antigüedad” de al menos siete años en el escaño.