Montoro estrecha el cerco: castigará con más recortes a las comunidades rebeldes

El Gobierno ha dado un paso más para estrechar el control sobre las comunidades autónomas. Hacienda va en serio con el cumplimiento del déficit, y tras las amenazas de Cristóbal Montoro a las regiones rebeldes, comienza a poner negro sobre blanco la capacidad de intervención del Ejecutivo. Los Presupuestos Generales establecen que el departamento de Montoro deberá autorizar todos los convenios que supongan una inyección económica a las autonomías, con independencia del ministerio del que provengan, de modo que podrá castigar a las incumplidoras con más recortes.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se dota así, a través de una ley orgánica, de un nuevo instrumento de supervisión y sanción a las comunidades que desafíen el objetivo de estabilidad. Todo un aviso para aquellos gobiernos que, como la previsible alianza de PSOE e IU en Andalucía y Asturias, o el de CiU en Cataluña, escapan del control de los populares, y que podrían jugar a desmarcarse de las directrices del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La medida ha pasado desapercibida en la disposición adicional trigésima de la ley, pero viene a reforzar el discurso de Montoro, quien advirtió el martes que el Gobierno no es rehén de ninguna comunidad, ni de ningún estatuto autonómico. En concreto, la norma recoge que “la suscripción de convenios por parte de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público estatal” con administraciones o entes dependientes de la comunidades “precisará con carácter previo a su autorizaciones un informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda”. Este punto se refiere a aquellos convenios que “conlleven una transferencia de recursos” o “un compromiso de realización de gastos”.

Esta exigencia se aplicará a las comunidades que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2010 ó 2011, pero también a aquellas a las que el Gobierno advierta por considerar que existe riesgo de incumplimiento. Hacienda se lo comunicará al resto de ministerios, de modo que la orden llegue a todas las entidades que puedan haber acordado convenios con las autonomías.

Además, en el caso de que estas ayudas ya estén en marcha, tampoco se podrán modificar o prorrogar sin la autorización del departamento que dirige Montoro. No obstante, Hacienda será sensible a criterios como la gravedad de la desviación, sus posibles causas, las medidas adoptadas para corregirla, la naturaleza del convenio en cuestión o el efecto sobre el déficit que pudiera derivarse del mismo.

Mano dura contra las “posturas autóctonas”

La disciplina de las comunidades autónomas es una de las dudas que la economía española proyecta hacia el exterior, así como uno de los principales caballos de batalla del Ejecutivo para hacer cumplir sus previsiones. Durante la presentación de las cuentas públicas en el Congreso, Montoro reiteró que no aceptará “excusas ni pretextos” de los gobiernos regionales, y que en la lucha contra el déficit no caben “posturas autóctonas”, en referencia a las exigencias de Cataluña o a los modelos de la izquierda en Andalucía o Asturias.

Estas medidas se suman a las recogidas en la ley de estabilidad presupuestaria, donde se prevén sanciones para las comunidades rebeldes. Esta norma obliga al déficit cero en todas las administraciones públicas para 2020, y aquellas que no cumplan podrán ser multadas con un 0,2% de su PIB. Asimismo, se obliga a los ejecutivos autonómicos a fijar un techo de gasto, y el cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para la autorización de emisión de deuda pública, la concesión de subvenciones o la no disponibilidad de crédito. Y es que, como dijo Montoro en el Congreso, las prioridades del Gobierno están claras: “Primero el déficit; segundo, el déficit; tercero, el déficit público”.