El PP sostiene que aplicó a Sepúlveda el despido improcedente y evita aclarar el de Bárcenas

El Partido Popular dio la baja de su plantilla el pasado 11 de febrero a su exdirigente, exfuncionario y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, por la vía más rápida: el despido improcedente, lo que supone abonar 45 días por año trabajado durante el periodo previo a la entrada en vigor de la reforma laboral, hace menos de un año y 33 días. Es el último dato que ha tenido que aportar el PP para hacer frente al caso Bárcenas, y que se sumó en un mismo día al malestar interno por las explicaciones oficiales sobre el despido del extesorero, la exigencia de dimisión a la ministra de Sanidad en la comisión correspondiente del Congreso y la 'reprobación' contra el ministro de Hacienda que también planteó el PSOE en la Cámara.

Fuentes del PP se limitaron anoche a describir las condiciones del despido de Sepúlveda, aunque no la cuantía de la indemnización, que se supone cuantiosa porque el exmarido de la ministra tenía un sueldo muy alto como miembro de 'aparato' y, además, una antigüedad de más de dos décadas. La formación política en el Gobierno sólo quería salir al paso de informaciones que apuntaban a nuevas 'originalidades' en la baja del exalcalde de Pozuelo, implicado en el caso Gürtel, parecidas a las que se atribuye Bárcenas.

El despido reconocido como improcedente pero pactado es muy caro para las empresas en los casos de trabajadores que llevan muchos años en la compañía, pero evita, en principio, llegar a pleitos en los tribunales. Los detalles aportados por el PP abundan en la versión ofrecida en público por María Dolores de Cospedal el mismo día 11 de febrero, cuando reconoció el error de haber mantenido en plantilla a Sepúlveda hasta entonces y rectificó el argumento de que no podía despedirle.

Explicaciones que muchos no comprenden

Mientras tanto, los propios dirigentes del PP siguen sin acabar de entender las explicaciones que dio su secretaria general sobre las condiciones del despido de Bárcenas. Parece claro, dicen, que se equivocó al calificar de "simulación" el prorrateo en pagas de la indemnización, pero lo más complicado de aclarar es que el partido le abonara las cuotas de la Seguridad Social. Lo normal en esos casos, según apuntan en fuentes del PP, es acordar una cantidad añadida al finiquito oficial para que el despedido pague la Seguridad Social, pero por su cuenta. Es decir, que no corran a costa del partido como tal.

La dirección popular se ha cerrado en banda y niega malestar alguno contra Cospedal, aunque tampoco quiere dar mayores explicaciones antes de que llegue la hora de verse las caras en el juzgado con Bárcenas.

Los ministros señalados por la oposición para continuar con el acoso contra el Gobierno a cuenta del caso del extesorero lidiaron ayer con desigual suerte sus faenas en el Congreso. Alfredo Pérez Rubalcaba no pidió esta vez la dimisión de Rajoy, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría se negó a hablar del asunto del partido y prefirió sacar los colores a los socialistas por su división y porque se abstienen cuando se trata de defender la unidad de España o cuando se cierra un acuerdo contra la corrupción. 

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se enfrentó a una 'reprobación' en el pleno del Congreso, supuesto que no existe en nuestra legislación, porque los ministros responden ante el presidente que los nombra. Los socialistas recurrieron a la retórica de pedir que Montoro fuera 'reprobado' por la regularización o amnistía fiscal (insisten en que estaba dirigida para los implicados en la red Gürtel, aunque sus responsables lo hicieran en la etapa del PSOE), pero no encontraron en la Cámara más apoyo que el de IU y la extrema izquierda nacionalista, apenas un tercio de los diputados.

En la comisión de Sanidad, Ana Mato se sometió a casi cincuenta preguntas de los grupos de la oposición, aunque la mayoría era sobre cuestiones como los recortes presupuestarios que corresponden a las competencias de las comunidades autónomas. Los portavoces del PSOE y de IU aprovecharon para pedir su dimisión y la ministra para relatar los ahorros conseguidos en gastos de farmacia y potenciales usuarios del sistema sanitario al controlar que se puedan beneficiar los ciudadanos extranjeros sin que haya un convenio por medio. La oposición no afloja ni el PP acierta a zanjar los continuos rebrotes del caso Bárcenas.